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Por ejemplo, según señala la entidad en el caso de la energía eólica “los incentivos son suficientes para que el proyecto base llegue a tener una TIR (tasa interna de retorno) al mismo nivel del Wacc (estimación del costo promedio de capital), que es la definición del “break-even”. Sin embargo, esto no sería suficiente para que se le considere una inversión atractiva en un mercado competitivo.
En el caso de la energía solar residencial “podría ser considerado atractivo en el caso de un usuario privado que pague el precio de compra de energía con contribución de 20%, es decir, el precio más alto en Colombia, junto a una política de facturación neta, lo que sería suficiente para empujar el proyecto fotovoltaico considerando que la inversión sea sin deuda”. Pero, en el caso de gran escala, no es posible alcanzar a la rentabilidad en ninguno de los casos analizados, debido a que el precio de venta de energía actual es más bajo.
Finalmente, en el caso de geotermia el largo período de exploración y confirmación, durante el cual no hay ingresos, hace difícil que los proyectos puedan ser rentables sin apoyo público en las fases iniciales. Además que el costo de conexión es también una barrera.
Siendo así, la estrategia propuesta a partir del trabajo se basa en una mayor claridad y sencillez de los procedimientos y controles a los inversionistas en estos proyectos, en la elaboración de un plan integral para el aprovechamiento de los recursos, entre otros.
Con esto se inició la fase de discusión legislativa del proyecto de ley de competencias, la cual, en caso de ser aprobada en 2026, entraría en vigencia en 2027
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