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Pese a que se esperaba que el viernes pasado EPM publicara la evaluación final de los consorcios que participan en la licitación de obras de HidroItuango, que producirá cerca del 25% de la energía del país a partir de 2018, todavía para los oferente es incierto el futuro del proceso.
El hermetismo con el que se desarrolla esta licitación que busca contratar uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes del país, con un monto de inversión cercano a los US$2.000 millones, ha preocupado a la opinión pública y a organizaciones como Virtual Transparency que han hecho denuncias sobre la participación de algunos consorcios.
Las cuatro ofertas presentadas a la licitación fueron: el Consorcio CCC Ituango, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H, la Unión Temporal AOCO, de la que son miembros Acciona S.A., Construcciones El Cóndor, OAS Ltda. y Obras Subterráneas S.A., el Consorcio Pescadero Ituango del que hacen parte Andrade Gutiérrez S.A., Impregilo SPA y Conciviles S.A. y el Consorcio OMS Ituango integrado por Norberto Odebrecht S.A., Mincivil S.A. y CSS S.A.
Según los expertos, EPM por ser una empresa descentralizada tiene un marco legal propio y no está regulada por la ley 80 de contratación, lo cual no la obliga a hacer públicos sus procesos de contratación. Sin embargo, algunos oferentes han señalado que por tratarse de una megaobra que involucra recursos públicos sí se debería realizar la licitación a la luz de la opinión pública.
Entre los reparos de los oferentes se destaca la imposibilidad que tienen para conocer las demás ofertas presentadas, poder analizarlas y hacer observaciones de manera que se de más garantías al proceso.
Además, la información sobre el desarrollo de la licitación se maneja con tal sigilo que las comunicaciones de avance de la licitación se realizan directamente a los correos electrónicos de los oferentes que compraron los pliegos licitatorios, lo que no da cabida a veedurías de terceros.
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