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Esto deja al país a una sola rebaja de caer en la categoría de país “altamente especulativo” y se suma a la decisión de Fitch Ratings en diciembre, cuando bajó la nota del país de BB+ a BB
Natalia Gutiérrez, presidente del Consejo Gremial Nacional, se pronunció ante la rebaja de la calificación creditica de Colombia a BB- por parte de Standard & Poors. Ante esto, Gutiérrez señaló que, "la señal más preocupante no es solo la rebaja, sino lo que refleja: deterioro fiscal e incertidumbre".
Cabe resaltar que, esto deja al país a una sola rebaja de caer en la categoría de país “altamente especulativo” y se suma a la decisión de Fitch Ratings en diciembre, cuando bajó la nota del país de BB+ a BB con perspectiva estable, también por “elevados y persistentes déficits fiscales”.
Por ende, Gutiérrez aseguró que esta decisión de bajar la calificación soberana tiene un gran impacto en los hogares. "El paso de BB a BB- profundiza la condición de grado especulativo. En otras palabras, aumenta la percepción de riesgo para los inversionistas internacionales y, con ello, el costo del capital en toda la economía".
Esto se ve reflejado en que el financiamiento se encarece y por ende se vuelve más limitado ya que, el Estado enfrenta mayores costos, las empresas acceden a crédito en condiciones más exigentes y los hogares sienten tasas más altas y menor disponibilidad.
"El resultado es una presión adicional sobre variables como el tipo de cambio y, en conjunto, una menor capacidad de invertir, consumir y crecer", afirmó la dirigente gremial.
Además de esto, afirmó que con esta rebaja, el país pierde competitividad frente a otros destinos y se reduce el interés por proyectos a largo plazo. Por su parte, aseguró que esto también afecta transversalmente a sectores como energía, infraestructura, industria, agro y tecnología.
Por ende, resaltó que esto también afecta a los consumidores, "porque todos dependen de financiamiento y confianza".
Dentro de los sectores que más se verán afectados, Gutiérrez resaltó a los sectores intensivos en capital, entre ellos energía e infraestructura, ya que, el aumento en tasas y carga impositiva elevan la probabilidad de aplazamiento o cancelación de proyectos. "Esto implica menos obras, menos empleo, menor crecimiento y riesgos para la disponibilidad de servicios esenciales".
Por último, la dirigente gremial aseguró que estos efectos ya se sienten en la vida cotidiana, principalmente en el crédito más costoso, reducción en las oportunidades laborales, proyectos que dejan de ejecutarse y la desaceleración del crecimiento de los ingresos.
"También impacta la calidad de vida. Menor inversión en infraestructura y energía se traduce en servicios más limitados, mayores presiones sobre tarifas y menos espacio para el emprendimiento", culminó.
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