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Según la ley, toda decisión de tutela es de obligatoria e inmediato cumplimiento, así se impugne. Por esta razón, el presidente Santos no podrá negarse a cumplir el fallo. De acuerdo con Luis Frediur Tovar, abogado constitucionalista “deberá cumplir con el fallo y revocar el nombramiento de Petro, así sea provisional mientras la Corte Constitucional decide si se revoca o confirma la sentencia de tutela. Esto puede tardar hasta un mes y medio”.
Agrega que en caso de revocarse la medida, María Mercedes Maldonado volvería como alcaldesa encargada, y sí se confirma la decisión, pasa a la Corte Constitucional a revisión que por interés público y jurídico esta deberá asumir la revisión. Un proceso que duraría cerca de seis meses.
Carlos Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana, coincide con esta opinión al sostener que el presidente Santos está obligado a cumplir con ese fallo que, en un principio no consideraron viable porque la Comisión Interamericana no era un órgano jurídico.
Hay que recordar que el pasado mes de marzo, el presidente Santos anunció que el Gobierno no acogió la solicitud de medidas cautelares planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en el sentido de suspender los efectos del fallo de destitución del alcalde Gustavo Petro ordenada por la Procuraduría, y dispuso hacer cumplir la decisión. Al mismo tiempo, designó al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado. Esta decisión para los expertos constitucionalistas fue considerada como negativa porque se afecta la imagen internacional, debido a que el país está tomando determinaciones en contra de lo que dictan instancias internacionales.
Echeverry, argumentó en ese momento que la imagen del país quedará maltrecha en el exterior. “El mensaje que da el Presidente es que no hay valor por los derechos humanos”.
A esto, la constitucionalista Marta Teresa Garcés añadió que si la nación colombiana forma parte de un sistema interamericano y nos hemos comprometido como país, es difícil no acogerse y prácticamente el presidente Santos, estaba obligado. Lo que viene ahora con este proceso de Petro es esperar las decisiones de la Corte, y mientras el mandatario de los bogotanos deberá cumplir con algunos retos que aún le quedan pendiente a la capital. Entre ellos se destaca la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que ordenó el Consejo de Estado y los avances en una licitación.
El objetivo más atrasado es el que tiene que ver con la reorganización del servicio público orientado hacia el aprovechamiento para que los recicladores participen en él. Una vez esté la integración de esta población, será más fácil para la Administración presentar la licitación de basuras, que anteriormente no se había entregado porque el esquema de financiación, según la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) no era rentable.
El alcalde además del tema de las basuras debe organizar la movilidad de Bogotá. Para los analistas esta es la tarea principal del mandatario. Se deberá revisar con detalle cómo trabajar para que Egobus y Coobus, operadores que padecen crisis financiera, puedan salir del problema. Hace unos días el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, aseguró que se estaban estudiando medidas junto con el alcalde saliente, Rafael Pardo, para que estas empresas cedieran algunas de sus rutas a otros operadores del Sitp. Por último, hoy están en veremos 4.000 licencias de construcción debido a que el POT decretado fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.
De esta manera se cumple un nuevo capítulo sobre la continuidad de Petro en la alcaldía.
Superindustria podría sancionar a Maldonado
Según fuentes cercanas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se haría pública una posible sanción contra María Mercedes Maldonado, por su presunta culpabilidad en el modelo de las basuras cuando era miembro de la junta directiva de la Empresa de Acueducto (Eaab). ¿Cómo podría afectarla? Según Luis Frediur Tovar, abogado constitucionalista, hay que esperar la resolución de la SIC, pero si la Corte revoca el fallo y queda como alcaldesa encargada, Bogotá podría verse expuesta a la elección de un nuevo mandatario encargado en caso de que la sanción implicara destitución. También estaría la posibilidad de que se le impusiera una sanción temporal y esto obligaría a nombrar por decreto.
Las opiniones
Carlos Felipe Pardo
Director de despacho
“El alcalde debe enfocarse en que la tarifa integrada sea realmente integrada y en la estrategia de comunicación, dónde se gastaron la plata”.
Gustavo Petro
Alcalde de Bogotá
“El Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”.
La actividad se realizará en conjunto con la operación El Martillo del Banco Popular. Se desarrollará entre durante esta semana
El dato cayó por tercer año seguido, salvo que a menor ritmo. De las 6,2 millones de personas, 2,6 millones están en el Caribe
Las compras externas sumaron US$4.820,6 millones y presentaron una disminución de 4,7% con relación al mismo mes de 2023, con 19,2% en el grupo de combustibles
