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De acuerdo con los gremios se está afectando la competitividad de las plantas de beneficio animal para el consumo humano y de no revisarse este sistema se podría amentar de manera inevitable el costo de la carne de pollo, cerdo y res a los consumidores.
Según el informe “la industria cárnica invierte importantes recursos para alcanzar los estándares establecidos en la legislación sanitaria cumpliendo con las Resoluciones 240, 241 y 242 de 2013; que permiten garantizar y validar la inocuidad del producto terminado”.
Las cifras que expusieron los gremios es que una planta especial o de autoconsumo requiere de la inspección oficial y de un auxiliar con unos costos aproximados de $185 millones anuales. Pero cuando son plantas denominadas nacionales o de exportación, deben tener una inspección de dos oficiales y cuatro auxiliares, lo cual representa una cifra superior de $540 millones.
Finalmente, el Decreto 1282 de 2016 habilita a las plantas para continuar desarrollando las actividades de beneficio hasta que se cumplan con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en el Decreto 1500 de 2007 y sus disposiciones reglamentarias, además establece la autorización sanitaria provisional en la que el Invima asigna una inspección oficial permanente y otra de inspecciones auxiliares.
Según la cartera del Trabajo, habría presuntos incumplimientos a la convención colectiva y desactualización del reglamento interno
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