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Luego de cinco meses en donde se han cerrado aproximadamente 90 plantas por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), surge un problema para el sector agro y son los sobrecosto que están teniendo que pagar las plantas por las inspecciones.
PorkColombia, Asocarnicas, Acinca y Fenavi denunciaron los exagerados costos en los que tienen que incurrir las plantas de beneficio animal por cuenta de los procesos de inspección, vigilancia y control establecidos por el Invima.
El principal argumento de los gremios es que se está afectando la competitividad de las plantas de beneficio animal para el consumo humano y de no revisarse este sistema se podría aumentar de manera inevitable el costo de la carne de pollo, cerdo y res a los consumidores.
Carlos Maya, presidente de PorkColombia, dijo que “hemos calculado que el esquema de inspección puede costar más de $7.000 millones al año, además este esquema planteado por el Invima no es viable por el tema de costos y número de inspectores, así como de los requisitos técnicos que deben cumplir esos inspectores”.
Las cifras que expusieron los gremios es que una planta especial o de autoconsumo requiere de la inspección oficial y de un auxiliar con unos costos aproximados de $185 millones anuales. Pero cuando son plantas denominadas nacionales o de exportación, deben tener una inspección de dos oficiales y cuatro auxiliares, lo cual representa una cifra superior de $540 millones.
Finalmente, el Decreto 1282 de 2016 habilita a las plantas para continuar desarrollando las actividades de beneficio hasta que se cumplan con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en el Decreto 1500 de 2007 y sus disposiciones reglamentarias, además establece la autorización sanitaria provisional en la que el Invima asigna una inspección oficial permanente y otra de inspecciones auxiliares.
315 plantas se cerrarían con la implementación del Decreto 1500 de 2007.
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