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A través de un comunicado, la minera afirmó que “la Gobernación de Antioquia y la fuerza pública han permitido que unos pocos manifestantes, no más de 300, tengan secuestrada la población. El pueblo se encuentra bajo el total control de la Mano que Limpia”.
En este sentido, hizo un llamado para que los grupos que adelantan el bloqueo “respeten el derecho al trabajo y demás derechos fundamentales de los 3.000 empleados que laboran en la Compañía, directa e indirectamente de forma legal”.
Pidieron además que se respete los derechos de los ciudadanos de este municipio, con lo que rechazaron “de manera vehemente las vías de hecho que atentan contra los derechos humanos”, dijo el presidente de la minera, Lombardo Paredes.
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