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De acuerdo con la entidad que está encabezada por Luis Eduardo Garzón, la decisión se tomó después de que un trabajador muriera y tres más resultaran heridos en un accidente laboral el pasado 13 de septiembre.
El Ministerio de Trabajo argumenta que su decisión se basó en los hallazgos de falta de rutas de evacuación, protocolos de seguridad y procedimientos claros de seguridad industrial en las zonas de mayor riesgo de accidente. Los funcionarios de esta cartera también reportaron ausencia de paramédicos y mala señalización.
Previamente la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) AXA Colpatria había pedido a la empresa contratista suspender las obras y atender varias recomendaciones.
“Dadas las condiciones observadas en la visita y entregadas en las versiones de los trabajadores de estructura, de ingreso y evacuación, condiciones de iluminación, condiciones de ventilación, sistema de comunicaciones, atención de primeros auxilios (servicio de ambulancia, enfermero, equipo), precario entrenamiento ante situaciones críticas y de riesgo alto, maquinaria insuficiente y presuntamente en malas condiciones, contradicciones en la cadena de mando, jornadas extenuantes de trabajo (doce horas), el despacho considera que con el fin de evitar de manera preventiva que hechos como los ocurridos vuelvan a suceder deben tomarse medidas urgentes y prioritarias a fin de proteger la vida y la integridad de la población trabajadora en por lo menos el proceso de izaje de arcos dentro del túnel”, argumentaron los investigadores del Ministerio del Trabajo en la Territorial Tolima.
El calvario de la obra
La obra del Túnel de la Línea ha pasado por un tortuoso conflicto contractual entre el Gobierno Nacional y el consorcio Unión Segundo Centenario, liderado por el constructor Carlos Collins.
En enero se presentó un enfrentamiento entre el constructor y el Gobierno durante las audiencias que definían si le quitaban o no el contrato a Collins.
Vale recordar que el Instituto Nacional de Vías (Invías) alcanzó a declarar la caducidad al contrato y a ordenar, el 27 de enero de 2015, la inhabilidad por cinco años a Carlos Collins de contratar con el Estado.
El reversazo de los señalamientos del constructor al Gobierno al finalizar enero y un acuerdo y compromiso para entregar las obras, que ya presentaban retrasos, a más tardar en noviembre de 2016, lograron levantar la caducidad el 10 de marzo de este año y reanudar las obras el 23 de marzo. En ese momento, se calculó un monto de $327.000 millones para la finalización de las obras.
El 24 de marzo, es decir, un día después de reiniciar las obras, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, (cuestionado por el constructor en enero) verificó el cumplimiento de los acuerdos y volvió con el presidente Juan Manuel Santos el cuatro de mayo.
Encuentre adjunto el acta de suspensión de las obras ordenadas por el Ministerio de Trabajo.
En la inauguración estuvo presente el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y los alcaldes de los municipios de Zipaquirá, Fabián Rojas y de Cogua, Cristian Chávez
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