Gobierno radicará ley de financiamiento o "rescate" en la primera semana de noviembre

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Con el PGN de 2027 aprobado por $634,9 billones, la atención del Congreso se trasladará al proyecto con el que el Gobierno pretende recortar cerca de $45 billones del gasto. Según anunció el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Alfredo Ape Cuello, la ley de financiamiento o "Ley de Rescate" será radicada la primera semana de noviembre, con el objetivo de que pase a plenarias entre finales de ese mes y la primera semana de diciembre.

En la sesión de la Comisión Tercera de este martes, en la cual Ape Cuello explicó que la fecha fue confirmada a inicios de semana por el Ejecutivo. "Aquí está la representante del Gobierno que ayer nos anunció que radicará la ley de financiamiento la primera semana de noviembre para hacer, yo creo, la tercera y cuarta semana de noviembre las sesiones conjuntas y la primera de diciembre, plenarias", dijo.

Y aunque Ape Cuello no entregó detalles sobre el contenido del proyecto ni sobre el monto de recursos que contemplaría, el cronograma legislativo ya anticipa un margen estrecho para su trámite, debido a que como las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 16 de diciembre, el primer debate en las Comisiones Económicas y el segundo en las plenarias de Senado y Cámara se cruzarían en las últimas semanas de noviembre y tendrían que cerrarse en la primera quincena de diciembre.

No obstante, antes de eso, el presidente de la Comisión Quinta recordó que la próxima semana habrá sesiones conjuntas de las Comisiones Económicas para aprobar la adición presupuestal. Según detalló, el martes se escuchará al Gobierno y se radicará la ponencia y el miércoles se hará la votación.

Aun así, la nueva fecha de presentación de la ley de ajuste dista un poco de la anunciada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien, durante su primera junta directiva del Banco de la República, afirmó que el proyecto llegaría al Congreso durante los primeros quince días de octubre "El plan de ajuste no se puede realizar sino en la sumatoria de tres momentos distintos: el primero es la presentación del Presupuesto. ¿Por qué hay que pasar por ella? Porque esta ley es determinante para el año que viene, que es cuando se va a hacer el proceso de ajuste", explicó.

Sobre el contenido de la "Ley de Rescate", la cartera de Hacienda ha insistido en que no se trata de una reforma tributaria, pues el grueso de las medidas apuntará a reducir el gasto. "Sí contendrá medidas en algunos de los tributos, pero lo central va a ser el gasto", había dicho Gómez, quien agregó que "es posible que tengamos que revisar algunas exenciones, pero naturalmente no tocaremos las que afectan los productos de la canasta familiar".

Además, el ministro había aclarado que "todo el mundo va a tener que hacer un sacrificio. No es un recorte en un solo sector, todo el Gobierno tiene que ajustarse", afirmó.

El ajuste que se busca equivale a 2,2% del PIB, una cifra que el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, Juan Carlos Ramírez, calificó como exigente y ambicioso, "pero aún necesitamos saber si se planteará ese ajuste de manera gradual". Para el Comité, el objetivo del proyecto debería ser alcanzar un balance primario neutro; es decir, que los ingresos alcancen para cubrir los gastos sin contar los intereses de la deuda".

La urgencia del ajuste se explica por la trayectoria del déficit: de acuerdo con el MinHacienda, entre enero y julio de este año el faltante en las finanzas públicas llegó a 3,9% del PIB, equivalente a poco más de $76 billones. En línea con eso, la meta para todo 2026 es de 7,2% del PIB y el último Plan Financiero proyecta que en 2027 el déficit llegaría a 9,4%, un máximo histórico.

Al respecto, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advirtió que, pese a que la aprobación del PGN es un paso importante, "no cierra la discusión fiscal de 2027", pues la forma en que se concrete el recorte será determinante para reducir las necesidades de endeudamiento y sanear las finanzas públicas. Esto se debe a que el Presupuesto fue aprobado con un déficit elevado y un crecimiento económico débil, lo que reduce el margen de maniobra.

A esto se suma que la deuda tendrá un peso creciente: cerca de 24% del gasto se destinaría a su servicio, mientras que la inversión representaría alrededor de 14%, una proporción que el Observatorio considera baja frente al tamaño total del presupuesto.

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La financiación es otro de los puntos de alerta porque más de 40% de los recursos provendría de nuevo endeudamiento, en un contexto en el que el recaudo tributario no alcanzaría 14% del PIB, lo que hace más importante que el ajuste se materialice y reduzca la dependencia del crédito. "Si el recorte anunciado de $45 billones se concreta, la necesidad de financiamiento con deuda podría reducirse de manera importante en 2027. Sin embargo, hasta ahora no se conoce el texto de esa iniciativa ni cómo se distribuirían los recortes", indicó.

A causa de esto, el centro de estudios pidió que la discusión esté acompañada de información clara y diálogo público. "Un ajuste de ese tamaño implicará decisiones difíciles sobre el gasto y su sostenibilidad dependerá también de que la ciudadanía pueda entender por qué se requieren los recortes, dónde se harán y cómo contribuirán a mejorar la situación fiscal", concluyó.