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Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
El Gobierno impulsará la creación de una comercializadora estatal de oro, que permitirá comprar directamente a pequeños mineros formalizados
El Gobierno de Gustavo Petro presentó públicamente la estrategia Ecodorado, una iniciativa orientada a transformar la cadena del oro en Colombia, combatir la minería ilegal, fortalecer la formalización minera y recuperar para el Estado los recursos asociados a esta actividad.
La estrategia busca articular instrumentos como los Distritos Mineros, el Fondo de Fomento Minero, los avances en formalización, el Pacto por el Oro y la entrega de dos comercializadoras por parte de la SAE al Ministerio de Minas y Energía, según el gobierno, con el objetivo de consolidar una cadena aurífera legal, trazable, competitiva y con impacto territorial.
Según indicó el Ministerio de Minas y Energía, la estrategia busca hacer frente a la ilegalidad que existe en la minería de oro del país, donde se calcula que hasta 80% del oro comercializado tendría origen informal o ilegal.
Es importante recalcar que, históricamente, este tipo de actividades han financiado grupos armados, al generar ingresos estimados en US$8.414 millones anuales, superando al narcotráfico, lo que provoca pérdidas cercanas a $5 billones en regalías cada año, presente en 300 municipios de 23 departamentos.
“La minería ilegal no es solo un problema ambiental: es un problema de seguridad nacional. Con Ecodorado, el Estado entra a competir en ese mercado para quitarle esas rentas a las economías criminales”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Por lo anterior, el Gobierno nacional impulsa la creación de una comercializadora estatal de oro, que permitirá comprar directamente a pequeños mineros formalizados, con el objetivo de escalar la compra de oro legal de 5 a 15 toneladas anuales, interviniendo directamente el mercado y redirigiendo recursos hacia los territorios, para romper el ciclo de dependencia de los mineros frente a estructuras ilegales.
Daniel Sossa, tesorero de la Junta Nacional de la USO indicó que el negocio arrojó pérdidas netas por $1,5 billones, y agregó que por cada barril refinado se perdió US$0,38 por barril
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