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La obra fue adjudicada por un valor de $2,27 billones a la empresa Estructura Plural Línea Férrea.
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La obra fue adjudicada por un valor de $2,27 billones a la empresa Estructura Plural Línea Férrea y se estima que generará cerca de 32.000 empleos
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, informó que fue adjudicada la interventoría de la primera Asociación Público-Privada férrea: el corredor La Dorada–Chiriguaná. Según la entidad, el consorcio Dorada CSLE será el encargado de supervisar el primer contrato de concesión de este proyecto ferroviario.
La interventoría realizará seguimiento contractual en aspectos técnicos, financieros, contables, jurídicos, económicos, sociales, ambientales y administrativos, con el objetivo de garantizar la calidad tanto de la infraestructura férrea como de su operación, señaló la ANI.
La obra fue adjudicada por un valor de $2,27 billones a la empresa Estructura Plural Línea Férrea y se estima que generará cerca de 32.000 empleos directos e indirectos en Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.
El corredor contará con 1.480 obras hidráulicas para mitigar riesgos de inundación, además de mejoras en los materiales utilizados para la infraestructura.
De acuerdo con la entidad, este proyecto no solo representa un hito en materia de infraestructura ferroviaria, sino que también será clave para avanzar en los objetivos de transición energética del país.
“La Dorada-Chiriguaná es la columna vertebral de la reactivación férrea y la apuesta del Gobierno por impulsar una eficiencia logística y la generación de condiciones óptimas para la implementación de la operación de carga. Celebramos que la primera APP ferroviaria, ya cuente con constructor e interventor y avance hacia el progreso, equidad y transformación social”, señaló Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.
Variables como la inflación causada, proyectada, productividad y el salario vital que planteó el presidente Petro serán tenidas en cuenta para tomar la decisión.
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De acuerdo con el funcionario, los patrimonios de hasta $2.000 millones quedarían exentos del tributo, e incluirían la vivienda habitual dentro del patrimonio
