Gobierno expidió decreto y eliminó prima especial de $17 millones de los congresistas

ARTÍCULO RELACIONADO

Petro defiende emergencia económica y atribuye déficit a herencia del gobierno Santos

A finales de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno tenía la intención de eliminar algunas primas que recibían los congresistas con el fin de disminuir el gasto público. Con el Decreto 0030 de 2026, esta intención se convirtió en realidad y quedó confirmado que los parlamentarios ya no recibirán dicho beneficio prestacional.

La decisión quedó confirmada con el articulado que expidió el Departamento Administrativo de la Función Pública el pasado 19 de enero, con el que el Gobierno derogó el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, con el cual se había regulado y ordenado el pago de una prima de régimen especial para los miembros del Congreso, en el marco del régimen salarial y prestacional establecido en la Ley 4 de 1992.

El Gobierno estableció que dicha decisión regirá para quienes sean elegidos en las votaciones del próximo 8 de marzo y se posesionen en el Congreso en julio. "El presente decreto surte efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026 y deroga las disposiciones que se lean contrarias", se lee en el documento.

El Gobierno fundamentó su decisión en que, pese a que el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 consagra el reconocimiento de las primas de salud, localización y vivienda para los parlamentarios siempre que las circunstancias lo ameriten, la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-608 de 1999, la declaró inexequible porque "no establece directamente tales prestaciones y las hace obligatorias o forzosas para el Ejecutivo, que en sus decretos puede o no contemplarlas, según que, en su concepto, las circunstancias lo justifique".

ARTÍCULO RELACIONADO

Reunión por la emergencia económica terminó sin ningún acuerdo con el Gobierno

También señaló que la misma sentencia del alto tribunal señaló que uno de los criterios de orientación está consagrado en la Carta Política y establece que, tanto el Congreso como la Presidencia, deben procurar "la integración de un sistema normativo armónico y coherente que, en su conjunto promueva los valores de la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad, que sean económicamente viables".

Conforme a ello, citó al Ministerio de Salud y Protección Social, el cual indicó que la actividad de los congresistas no se puede considerar como de alto riesgo. "Los riesgos a los que se encuentran expuestos son los propios de su labor en el ejercicio de las funciones clasificadas en Riesgo I", puntualizó la cartera.

"En todo caso, los congresistas de la República, en el desarrollo de su actividad y como cotizantes al Sistema General de Seguridad Social, tiene la cobertura en salud para ellos y su grupo familiar a través del Plan Obligatorio de Salud, así como en riesgos laborales que les garantiza, de manera integral, el cubrimiento de las prestaciones asistencias que se deriven de las contingencias por accidente de trabajo", recalcó el Ejecutivo.

Por último, el Gobierno aseguró que la remuneración recibida por los parlamentarios "resulta desproporcionada" en comparación con el ingreso promedio del resto de los colombianos y no está alineada con la realidad económica del país "haciendo imposible el cierre de brechas presupuestales".