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Según explicó la Entidad, “si, como presumimos, esta trayectoria de faltantes fiscales tan solo contempla un 1% del PIB de gastos “inmediatos” para la paz, a todos esos faltantes fiscales debe añadirse al menos otro 1,2% del PIB por año. Así, los faltantes fiscales como mínimo se elevarían a 2,7% del PIB en 2018 hasta alcanzar faltantes de 4,8% del PIB en 2020”.
Se destaca que hay costos que no habrían sido tenidos en cuenta dentro de los rubros de indemnización a las víctimas; restitución de tierras; establecimiento de la Jurisdicción Especial; establecimiento de los campamentos de desmovilizados y su sostenimiento, y sustitución de cultivos. “Todo esto sin incluir aquí ninguna presión de gasto adicional de los rubros que denominamos “de sostenibilidad”, para los cuales no parece existir ninguna posibilidad de concreción (al menos con la estructura tributaria vigente)”, señaló el director de la Entidad, Sergio Clavijo.
De hecho, la entidad explicó que entre los inmediatos y los de sostenibilidad, Colombia tendría un gasto público adicional en un rango entre 2,2% y 5,2% anual, entre 2017 y 2022, de lo cual el Gobierno solo está incluyendo en sus cuentas 1%, por lo que lo mínimo, habría un déficit gubernamental de 1,2%.
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