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Para la Contraloría en este caso se incumplió el principio de planeación contractual y se materializó una gestión antieconómica. Y agrega que el daño patrimonial se deriva de las debilidades que se dieron en la estructuración del proceso precontractual, específicamente al no proveer un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable.
A esto se suman las inconsistencias en el proceso de homogenización de la muestra de mercado inmobiliario consultada por la firma avaluadora (Valor S.A.) para determinar el valor comercial del inmueble, lo que según concepto técnico de la Contraloría debilitó la objetividad que se requería para este fin e impuso un alto nivel de subjetividad.
La Contraloría puntualiza que el precio total de compra del inmueble (terreno y construcción sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a $70.713 millones “que comparado con el valor comercial retrospectivo determinado para la CGR por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC ($34.775 millones), genera un daño al patrimonio del Estado en la cuantía señalada $35.937 millones”.
En criterio de la Contraloría es claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado se convierten en una clara vulneración al deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición del inmueble.
A la par de este estudio la contraloría remitió el expediente a la Procuraduría General para que allí se adelanten las indagaciones pertinentes que permitan entender si se incurrió en alguna responsabilidad disciplinaria por parte de las personas responsables de la afectación al erario público.
La entidad se manifestó al respecto, expresando que el avaluó correspondiente del inmueble fue de $38.416 millones.
“Al revisar nuestros registros históricos, se observa que el inmueble, ubicado en la Carrera 65 # 11 - 83 en Bogotá, fue adquirido por la suma de $79.000 millones en mayo de 2012, siendo presidente de la entidad Ricardo Arias Mora”.
Además, aclara que Augusto Posada, actual director de esa entidad, llegó a la cabeza del FNA el 11 de septiembre de 2014, y agregan que la actual administración fue la que puso en conocimiento de las autoridades competentes las posibles irregularidades en la adquisición del inmueble.
“Estaremos a la espera de los procedimientos que se consideren pertinentes”, concluyen en un comunicado.
Martha Alfonso, coordinadora de la ponencia, aseguró que si bien hubo consenso, esta no fue firmada por todos los ponentes
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