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Informe establece que el modelo de financiamiento ha demostrado ser insuficiente para cubrir el gasto operativo gasto operativo
La calificadora de riesgo Fitch Ratings entregó un reporte sobre las universidades públicas en Colombia, en el cual asegura estas instituciones de educación superior poseen "deuda con calificaciones buenas".
Según Fitch, si bien las universidades públicas del país "tienen niveles de deuda neta (deuda financiera menos caja disponible para cubrirla) inferiores a cero", cuentan con disponibilidad de recursos para inversión, como es el caso de las estampillas, que pueden pagar el servicio de deuda, "lo que lleva a riesgos bajos de incumplimiento financiero de sus deudas de largo plazo para inversión".
En el informe la calificadora alerta sin embargo de casos como el de la Universidad de Córdoba (Unicórdoba). y detalla que "en este escenario, los recursos para atender dicha deuda provienen de la actividad académica y los indicadores de apalancamiento podrían verse presionados y derivar en niveles mayores de riesgo".
De acuerdo con Fitch, se mantiene el monitoreo sobre el riesgo de que los desbalances financieros exclusivamente operativos lleven a que las universidades necesiten deuda financiera para cubrir estos déficits.
El informe destaca también el déficit de funcionamiento de las universidades públicas. La calificadora detalla que el análisis de las ejecuciones presupuestales del Ministerio de Educación Nacional muestra que entre 2015–2017 las transferencias para funcionamiento crecieron por encima de la inflación, pero que aun así, "la mayor parte de las universidades calificadas por Fitch registraron tasas promedio de crecimiento del gasto operativo superiores a las transferencias en los últimos cinco años".
El informe recuerda que el esquema de financiamiento de las universidades públicas, contenido en la Ley 30 de 1993, establece que las transferencias para funcionamiento del gobierno nacional y las entidades territoriales se incrementan anualmente a la inflación, y que "ha demostrado ser insuficiente para cubrir el gasto operativo, lo que lleva a las universidades a buscar fuentes alternativas como las matrículas, hacer consultorías u otros recursos para cubrir su déficit de fondeo público".
Entre los destacados del informe también está el acuerdo logrado con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, tras el paro de estudiantes del año pasado, lo que permitió nuevos recursos para incrementar la base de las transferencias para los cuatro años del gobierno actual. A pesar de ello recuerda que las conversaciones entre diferentes actores continúan para encontrar una solución estructural a largo plazo y mejorar los estándares de calidad.
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