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Estas iniciativas se encuentran en tribunales de arbitramento en instancias nacionales e internacionales, retrasando el avance de las obras
Un total de 33 proyectos del sector de la infraestructura se encuentran con algún tipo de litigio o demanda en tribunales de arbitramiento. De estos, 24 son procesos internacionales y 19 a nacionales.
Son múltiples los proyectos que tienen algún tipo de pleito. Entre ellos están la Ruta del Sol 2, Córdoba-Sucre, la Ruta del Sol 1, la Red Férrea del Pacífico y Bucaramanga-Pamplona.
Lo anterior fue identificado a través de un sondeo de LR. Alberto Mariño, presidente de ProIndesa, manifestó su preocupación acerca del estado del sector, señalando que no hay nuevos proyectos. A esto sumó que las controversias que se están presentando en las vías 5G evidencia que no hubo buenas estructuraciones en el programa.

“En las vías 5G hay una gran cantidad de controversias en tribunales de arbitramento. Buga-Buenaventura tiene tres pleitos; las vías del Magdalena ya tienen dos”, expresó luego.
Las demandas en las que se ven envueltos los proyectos ponen en juego billones de pesos y también el desarrollo de las obras frente a las pretensiones de los demandantes. Además, representan dificultades para que se construyan los proyectos adjudicados por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
Un ejemplo de ello es el proyecto Mulaló-Loboguerrero, que se inició en 2015 y se esperaba entregar en 2022, pero hasta la fecha no se registran avances. Problemáticas en consultas previas y licenciamientos ambientales han impedido la ejecución del proyecto.
Estas demandas también involucran contestaciones, presentación de pruebas y documentación legal, lo que puede extender los procesos. Mariño señaló a mediados de septiembre que con Mulaló-Loboguerrero se sigue en discusión judicial, y dijo que el proyecto “no va para ninguna parte”.
Según lo explicó, el proyecto está en una demanda y se producirá un fallo, pero no se puede ejecutar con los recursos que tiene previstos la ANI.
Agregó que los cambios en las vigencias futuras alterarían los proyectos, señalando que gracias a estos mecanismos las iniciativas de infraestructura avanzan, ya que a través de ellos se adquieren los recursos de financiación de los planes.
Pero el Gobierno tiene otra opinión. Incluso la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que existen proyectos que no están ejecutados por problemas de licenciamiento ambiental. Por ello, propuso a mediados de 2025 que se reprogramen las vigencias futuras; es decir, que se trasladen los recursos fiscales de un proyecto no ejecutado a otro rubro presupuestal, con la finalidad de que los recursos sean utilizados, según lo dejó entrever, de manera más eficiente.
“Existen fiducias, como la de Mulaló-Loboguerrero, que no se ha puesto un ladrillo y a esa fiducia se le han hecho pagos por más de $2,2 billones. Eso no quiere decir que el Gobierno incumpla, es que el dinero en ese proyecto y tiempo específico no se necesitaba”, manifestó Rojas.
Entre los planes autorizados están la segunda línea del Metro de Bogotá, la restauración de ecosistemas del Canal del Dique, el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná en Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, y el corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga en Valle del Cauca, entre otros.
Un informe de Bancolombia reveló que, aunque el país mantiene capacidad de pago en términos agregados, existe fragilidad en el Tesoro Nacional, lo que aumenta la tensión para cumplir con las obligaciones de las vigencias futuras.
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