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La Contraloría señaló que muchos de estos predios no están aptos para producción agropecuaria, además que están retrasadas las entregas
La Contraloría reveló los hallazgos tras una actuación de fiscalización adelantada en el segundo semestre de 2024, y encontró irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, puntualmente en el proceso de la adquisición y adjudicación del denominado fondo de tierras, en el marco de la reforma agraria.
De acuerdo con el órgano de control, hubo irregularidades que suman $160.000 millones, además de 14 hallazgos administrativos, de los cuáles 10 tienen incidencia disciplinaria y 6 pueden tener alcance fiscal. De hecho, la entidad solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio por incongruencias en la información presentada por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Dentro de los principales hallazgos, destaca la compra de predios con suelos inadecuados para producción agropecuaria. Muchas de estas tierras tienen suelos clase VII, que hace referencia a que esos terrenos no son aptos ni para cultivar, ni para las actividades ganaderas.
“Estos suelos representan más de 50% de la superficie de varios de los predios adquiridos, lo que va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más de 20% en suelos de clase VII y VIII”, explicó la Contraloría a través de un comunicado.
De hecho, algunos de los predios irregulares tienen entre su terreno zonas de humedales, que en ciertos casos representa hasta 30% de la superficie total de dicho predio, lo que imposibilita la producción agropecuaria, y pone en riesgo ambiental ciertas zonas.
También se encontraron ocupaciones ilegales en predios adquiridos, según la Contraloría, los terrenos destinados para las familias campesinas fueron invadidos“ante la falta de control y custodia adecuada”, lo que derivó en un detrimento patrimonial por $5.646 millones.
Otro de los hallazgos es que hay retrasos en la entrega de predios, en varios casos se registran demoras en las entregas, y en la caracterización, 18,5% de los terrenos ingresados al fondo de tierras se han transferido oficialmente.
De 205 predios disponibles, 12,2% fueron entregados a poblaciones campesinas, 5,3% a comunidades indígenas y 1% a comunidades negras.
“El retraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. Esta situación generó un presunto detrimento de los recursos públicos, en cuantía de $110.322 millones”, concluyó la Contraloría en un comunicado.
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