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Algunos artículos del proyecto van en contra de leyes actuales y otros serían inviables financieramente según los expertos
Después de que los líderes del paro anunciaran que otra de las peticiones para levantar las manifestaciones es retirar el proyecto de reforma a la salud, que tiene mensaje de urgencia en el Congreso y que va con el aval del ministro de Salud, Fernando Ruiz, se conoció una carta del pasado equipo de Hacienda, que firman Juan Alberto Londoño y Juan Pablo Zárate, y que cuestiona el alcance del articulado por su estabilidad financiera.
La carta señala que varios artículos son inconvenientes, ya que algunos van en contra de otras leyes vigentes y por las limitaciones fiscales que existen en la actualidad. Por ejemplo, según recoge El Tiempo, "crear un fondo permanente para dar respuesta con servicios, tecnología y talento humano en casos de emergencia vulnera los artículos 151 y 352 de la Constitución, que indican que la disponibilidad presupuestal debe ser examinada en extenso y en caso de aceptarse debe plantearse a través de una ley orgánica de presupuesto y no de una ley ordinaria como esta".
Otro de los puntos cuestionados es que la ley 10 afectaría la sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que se permitiría que los recursos para garantizar pensiones individuales puedan ir a coyunturas particulares en ciertas emergencias.
Una tercera ley que estaría vulnerando es la de destinar recursos de la seguridad social para fines distintos a los de su esencia. Están en contra de la utilización de dineros del Fonpet para necesidades sociales diferentes a las de su esencia, ya que alteraría la autonomía territorial.
Considera que no se debería incluir la garantía de protección financiera para afiliados porque se podría ver como una garantía de reembolso de la Nación de los gastos en salud que las personas efectúen por su propia cuenta.
La cuentas es que si ese gasto pasa de 15% del total en salud agregaría costos al Gobierno de 1,24% del PIB.
Sobre otros artículos dicen que ya están incluidos en otras leyes y de la tercerización de servicios de personal médico explican que podrían generarse sobre costos de $3 billones para las Empresas Sociales del Estado.
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