MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Ruth Quevedo, directora ejecutiva de la CRA
Agregue a sus temas de interés
En los próximos días entrará en vigencia la resolución 1.000 de 2024, de la Comisión de Regulación de Agua, que beneficiará a ciudadanos y entidades territoriales
Desde agosto entra en vigencia la Resolución 1.000 de 2024, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, que disminuirá la tarifa de aseo para 11 millones de hogares, y que también aliviará las finanzas de las entidades territoriales que subsidian este cobro.
El alivio obedece a la entrada en vigencia del factor de productividad en las tarifas, y que reducirá las tarifas, en virtud del municipio o ciudad, además del estrato donde se ubiquen los usuarios. De acuerdo con la CRA, desde 2019 se debía reconocer dicho factor,
“Es una norma que implica un gana – gana, pues hace justicia con los usuarios y también estimula a las empresas prestadoras del servicio a ser más productivas y eficientes, con lo cual también resultan implícitamente beneficiadas”, dijo Ruth Quevedo, directora ejecutiva de la CRA.
Aunque no revelaron los valores de dichas reducciones, el Gobierno reveló que la disminución también impactará a las entidades territoriales, a las que se les disminuirá su carga fiscal por el pago de subsidios para estos servicios, destinados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
El alivio para esas entidades representará entre $7.000 millones y $14.000 millones anuales.
“Es un principio sencillo que ordena trasladar a los usuarios, vía tarifa, los aumentos en la productividad y la mayor eficiencia de las empresas”, declaró la comisionada Quevedo.
El jefe de Estado aseguró que en los próximos mandatos se debe continuar con esa política para seguir reduciendo la pobreza, por ello pidió votar en la segunda vuelta
El Dane reveló que, en comparación con 2024, la línea de pobreza registró una variación absoluta de $21.843 y relativa de 4,7% en el territorio nacional
Haberlo aprobado proyecto significa el blindaje jurídico para continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales
