En 2018, se suscribieron 672 contratos que incumplieron la Ley de Garantías

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A pesar de que la Ley de Garantías prohíbe la contratación directa durante los cuatro meses anteriores a unas elecciones, la Auditoría General de la República reveló que varias entidades territoriales incumplieron esta norma en las presidenciales de 2018, en las que venció el ya hoy mandatario Iván Duque con 53,98% de los votos.

De acuerdo con el organismo de vigilancia, desde que empezó a regir la Ley 996 de 2005 el pasado 27 de enero, hasta que se realizó la segunda ronda electoral el 17 de junio, se firmaron 672 contratos en contra de las restricciones establecidas por la norma por un valor de $21.449,78 millones.

“Con el actuar de las entidades que incumplieron la Ley, se hace evidente el quebrantamiento del principio de transparencia y de planeación contractual, lo que sitúa en posición de riesgo la gestión pública en desatención a los principios que rigen la función administrativa”, manifestó el auditor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien hizo un llamado a las contralorías territoriales para que tomen las acciones legales pertinentes a los que contraten fuera de la ley.

Las entidades que mayores recursos contrataron en este periodo de tiempo bajo la modalidad de contratación directa fueron la Empresa de Desarrollo Sostenible Del Oriente (Edeso) de Antioquia ($8.582 millones); seguida de Empresas Municipales de Tuluá (Emtuluá) del Valle del Cauca ($2.669,60 millones); y la Empresa de Servicios Públicos de Santander de Quilichao (Emquilichao) en Cauca ($852,71 millones). Además, en la lista aparecen varias alcaldías como la de Bolívar (Santander) o la de Pijao(Quindío) y hasta la terminal de Transportes de Villavicencio S.A. (Meta).

Aumento de los contratos
Si bien cuando existen elecciones generales el número de contratos públicos suele aumentar antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, en la época previa a las regionales, como es la actual, el pico es mucho menor.

“Mientras que para las presidenciales la Ley prohíbe los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que son el mayor número de los que suscribe el Estado, en las regionales la norma solo restringe los convenios y contratos interadministrativos en el cual se involucran recursos públicos”, explicó José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente, quien aseguró que no considera necesaria la continuidad de este tipo de disposiciones que afectan al desempeño de la contratación pública.

De acuerdo con la información del Secop I y II, proporcionada por la Agencia Nacional de Contratación Pública, antes de las elecciones presidenciales, el número de contratos que se suscribieron en enero de 2018 llegó a 291.538, de los que 96,77% eran contratación directa por prestación de servicios. En total, este tipo de contratación tuvo un pico de 113,30% el mes antes de la entrada en vigencia de la Ley, que fue el 27 de enero de 2018.

Sin embargo, para las regionales, esa misma dinámica no se vio. Antes de la entrada en vigencia de la norma el pasado 27 de junio, el número de contratos llegó a 111.448, similar a los de mayo (103.414).