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La propuesta iba a ser presentada al legislativo el pasado 16 de marzo.
Desde que el fallecido exalcalde de Medellín y excongresista José Jaime Nicholls Sánchez-Carnerea radicó en el Congreso en 2001 un proyecto de ley para la creación del ‘Nuevo peso colombiano’, han sido tres las ocasiones en las que la propuesta de eliminar los tres ceros a la moneda nacional ha sido archivada antes de alcanzar una instancia mayor. En 2011, ya en la Administración de Juan Manuel Santos, los altos costos (unos $220.000 millones) tumbaron la iniciativa y, en 2016, a la par del lanzamiento del billete de $100.000, el Partido de la U radicó sin éxito en el Senado un proyecto de ley para su simplificación.
El pasado 24 de febrero, solo un día después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, defendiera en el Congreso de Asobancaria que la eliminación de los tres ceros golpearía a la economía informal, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, anunció el interés del Gobierno de revivir esta propuesta, siendo el 16 de marzo la fecha elegida para radicar esta iniciativa en el legislativo.
Sin embargo, ese día pasó sin novedad, y el retraso ya va camino de cumplir un mes. En un primer momento, el plazo se extendió hasta después de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Coincidentemente, ese 20 de marzo, el gremio de los banqueros, Asobancaria, rechazó la radicación de la iniciativa alegando que los beneficios propuestos deberían contrarrestar los onerosos costos de adaptación que genera la medida.
“El momento para eliminar los tres ceros no es el adecuado. El país se encuentra inmerso en el proceso de implementación de una nueva familia de billetes desde hace un trienio, con un nivel de ejecución aún inferior a 30% y en plena coexistencia con la antigua familia de billetes”, aseguró el presidente del gremio, Santiago Castro.
Y es que según comunicó a medios el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, el costo de eliminar los tres ceros al peso colombiano ascendería a unos $400.000 millones, lo que equivale a 0,04% del PIB, contando la reutilización del metal de algunas monedas en circulación.
“Tuvimos este proyecto ‘engavetado’ muchos años porque la inflación estaba por encima de la meta. Este es el momento de sacarlo”.
“La aprobación del proyecto se podría ver afectada por el costo, el grado de prioridad en la agenda legislativa y el objetivo central de esta iniciativa. Mientras que el fiscal apunta a confiscar dineros ilícitos, el gerente pretende simplificar las operaciones”, indicó José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario.
Esta última posición es la misma que puso sobre la mesa la semana pasada Fedesarrollo, que consideró que es necesario definir con claridad los propósitos de la medida.
Por su parte, Santiago Perdomo, consejero delegado en Mercantil Colpatria, recalcó que lo más importante es el proceso. “No tiene sentido demorarse dos o tres años. A la gente hay que darle máximo seis meses para que los cambie”, subrayó.
La cuestión es que pasadas tres semanas desde la promesa de Cárdenas, el proyecto sigue en veremos y el ministro afirma que el proceso avanza sin establecer una fecha. “Sigo en las conversaciones y haciendo ajustes con Asobancaria, la Junta Directiva del Emisor y el fiscal”, dijo hace apenas unos días.
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