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El Presidente aseguró que el Decreto busca dar acceso y garantías a la propiedad de la tierra a las más de 800.000 familias que no lo han podido tener y que “en ningún momento busca quitarle tierra a nadie”. Esto con el fin de dar un parte de tranquilidad a quienes han rechazado algunas disposiciones de la reforma que no estarían consignadas en este decreto, sino en el proyecto de Ley que sigue preparando el Ministerio de Agricultura para presentarlo al Congreso.
Recordemos que esta norma que será aplicada a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) define quiénes serán los posibles beneficiarios de la adjudicación de tierras y formalización de predios. Estos son los campesinos, trabajadores o asociaciones con vocación agraria que no exceden cierto patrimonio o tienen tierra insuficiente. Uno de los puntos que fueron conciliados en la consulta.
Por otro lado, la norma también crea el Registro Único de Sujetos de Ordenamiento (Reso) que comenzará a funcionar un año después de la puesta en marcha del Decreto - Ley y busca definir los beneficiarios potenciales usando bases de datos como la del Sisbén o el Registro Único de Víctimas.
Este también permitirá definir los usuarios potenciales del Fondo Nacional de Tierras, que también crea el Decreto, que tomará recursos del presupuesto que aporte la Nación y predios rurales que vengan de entrega de tierras baldías; procedimientos como la extinción de dominio, expropiación o recuperación de baldíos, entre otros mecanismos.
Cabe resaltar que hay tres normas más que serán claves para dar cumplimiento a la Reforma Rural Integral. Estas son un programa de desarrollo en los territorios más afectados por el conflicto, la implementación del catastro moderno en todo el país y la construcción de 2.5000 vías terciarias en las regiones que según el Presidente “permitirán a las comunidades sacar sus productos y asistir a hospitales y colegios”.
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