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De más de 50 diálogos vinculantes entre el Gobierno y la ciudadanía se han hecho 34, el Plan final se conocerá el 7 de febrero
Hace dos meses empezaron los diálogos regionales vinculantes para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El presidente Gustavo Petro le pidió a todo su gabinete y a los directores de las principales agencies o entidades del Estado que estuvieran en esas conversaciones.
De hecho, Petro también ha venido invitando a las personas que le cuenten al Gobierno de las necesidades en las regiones. El lunes, en la Casa de Nariño fue la primera reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), para presentar las bases del PND 2022-2026: 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'. Esas mismas bases se radicarán en el Congreso este martes.
Uno de los apartes que se han conocido de este borrador, porque la versión final se publicará hasta el próximo 7 de febrero, hace alusión a la política energética. El PND insiste en que se mantenga la soberanía energética, se da una luz al desarrollo de nuevos proyectos mineroenergéticos, y de hecho no se habla de una negativa a los nuevos títulos para el uso del subsuelo.
El borrador del PND incluso destaca que esa autosuficiencia energética se debe mantener porque el sector minero energético representa 7% del PIB, "genera 34% de la inversión extranjera, 56% de las divisas, 80% del presupuesto de regalías, y aporta más de 500.000 empleos formales", explican en el texto.
El borrador aún no oficial del Gobierno, también anticipa que en el PND se establece que "se garantizará la estabilidad y el respaldo del sistema eléctrico a través del abastecimiento de gas y los energéticos requeridos para tal fin"
Este documento que debe ser la base de los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente a través del su equipo de Gobierno ya tiene unas bases planteadas: paz total, justicia ambiental y justicia social.
En cuanto a la paz total se espera una reforma integral con enfoque territorial y diálogo social vinculante; justicia ambiental responde a la producción sostenible, adaptación y mitigación al cambio climático y gestión del agua; por último, la justicia social debe tener cohesión social (inclusión, equidad y pertenencia) y cohesión territorial.
Con base en estos ejes se desglosan las siguiente expectativas: ordenamiento territorial hacia la paz total, incluye la ubicación de las personas, la integración de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y la definición de derechos de propiedad y del catastro multripropósito; seguridad humana y justicia social, que corresponde a la concepción integral de seguridad (física, social, tragedias naturales y empleo); derecho humano a la alimentación, modernizar la agricultura y fortalecer la productividad agropecuaria.
Otros aspectos importantes responden al crecimiento verde con justicia social, que pretende tener una economía más verde y un proceso industrial más limpio; convergencia social y regional, que busca reducir las brechas entre los hogares y regiones y mejorar los niveles absolutos de los indicadores sociales; por último, la estabilidad macroeconómica, para obtener recursos y realizar un balance entre la relación de los ingresos disponibles de los hogares con los impuestos y subsidios.
El alza en la tarifa de los pasajes fue de 8,47%, por debajo del incremento del salario mínimo para 2025 que fue de 9,54%
La educación, el acceso al crédito y la infraestructura son algunos de los puntos que se mencionaron en este encuentro ministerial