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El Carf advirtió que incluso las proyecciones inerciales de ingresos ya están infladas y que la base tributaria se ha debilitado por la alta informalidad
El Presupuesto General de la Nación, PGN, 2026 enfrenta una brecha de $55,8 billones que compromete su sostenibilidad. Para evitar una nueva reforma tributaria, el Instituto de Ciencia Política (ICP) advirtió que se requeriría un ajuste de esa magnitud, compuesto por la eliminación de los ingresos esperados de dicha reforma ($26,3 billones), la corrección de una sobrestimación de recaudo ($11,3 billones) y la reversión del aumento reciente en el gasto ($18,2 billones).
El análisis señala que el presupuesto presentado por el Gobierno es fiscalmente inviable, pues depende de una futura reforma tributaria que aún no se ha discutido en el Congreso y que parece difícil de aprobar.
El Carf advirtió que incluso las proyecciones inerciales de ingresos ya están infladas y que la base tributaria se ha debilitado por la alta informalidad y la pérdida de dinamismo en sectores como la minería, que cayó 10,2% en 2024.
Otro punto crítico es la suspensión de la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape por tres años. Esto permite un déficit de hasta 7,1% del PIB en 2025, un nivel comparable al de épocas de crisis, lo que representa una ruptura con la disciplina fiscal y debilita la credibilidad del país en los mercados internacionales.
El PGN 2026 asciende a $557 billones, con una rigidez notable, 65,7% se destina a funcionamiento, 18,4% al servicio de la deuda y solo 15,9% a inversión. Más de 80% del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles, lo que deja muy poco margen para reasignaciones o nuevas prioridades. Esta estructura refleja un gasto creciente que se financia con ingresos inciertos.
El documento también advierte que el Gobierno está recurriendo al endeudamiento para cubrir gastos corrientes, como subsidios a los combustibles y obligaciones judiciales, a través de artículos específicos del proyecto de ley que autorizan la emisión de bonos. Esta práctica traslada costos al futuro, aumenta el peso del servicio de la deuda y difiere un ajuste fiscal que tarde o temprano será inevitable.
De no aplicarse correcciones, el país se encamina a un escenario de insolvencia. Según el Carf, la estrategia fiscal actual solo cubre 46% del ajuste necesario y trasladará la mayor carga al próximo gobierno.
La deuda pública podría llegar a 63,8% del PIB en 2027, un nivel muy cercano al límite de sostenibilidad. Esto encarecería el financiamiento del Estado, elevaría la prima de riesgo y deterioraría la confianza de inversionistas y mercados.
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