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El paro, “dejó pérdidas estimadas en cerca de $2,8 billones (equivalente a 2% del PIB trimestral). Según cálculos de la Andi, las principales pérdidas se vieron reflejadas en los costos de fletes ($1,5 billones) dejados de percibir y el sacrificio en menor consumo de combustible ($0,7 billones)”, dice el estudio de Anif.
Este es el punto de partida para hacer una crítica a las decisiones tomadas por el Ministerio de Transporte. Sergio Clavijo, presidente de Anif considera que si bien el Gobierno no cedió ante la presión para mantener el modelo de reposición 1 a 1 de forma indefinida, como lo demandaban los transportadores, “está por verse la efectividad de las políticas adoptadas para evitar la corrupción existente al interior de tal sistema”, dijo.
Los malos manejos que se han dado al proceso de chatarrización donde se detectan prácticas como la falsificación de licencias, reportes de pérdida total de vehículos y la participación de intermediarios que de alguna manera manipulan el sistema, han sido determinantes para diseñar otras propuestas que no han tenido el efecto requerido.
“El fracaso del sistema de chatarrización ha generado una sobreoferta evidente en el sector transportador, creando durísimas condiciones laborales para los transportadores”, explica el informe del centro de pensamiento.
Así las cosas, Clavijo concluye que “el pobre manejo del proceso de chatarrización deja en evidencia un inadecuado manejo gubernamental, que de no corregirse abre la puerta a una peligrosa desinstitucionalización”.
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