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EPM explicó que están al tanto de ser notificados por la Contraloría para emitir un respectivo pronunciamiento.
Un informe preliminar de la Contraloría General de la República sobre Hidroituango, revelado ayer por La W, detalló que el desarrollo del proyecto presenta un daño fiscal que asciende a $4 billones, de los cuales $1,1 billones serían de lucro cesante, mientras que $2,9 billones son por destrucción de valor.
Pese a que aún el documento no es oficial, pues está en construcción y observación, en su versión preliminar se detalla que sí habrían existido algunas irregularidades en los diseños del proyecto, y en la planeación y construcción del mismo. Así lo confirmó el vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, quien en diálogo con esa emisora explicó que se “logra evidenciar una afectación fiscal de $4 billones en función de la gestión que se hizo. En este momento esa es la identificación fiscal que hay”.
El funcionario argumentó, igualmente, que se sabía lo que iba a pasar, pues “hubo unos cambios en los diseños”. No obstante, confirmó que están esperando las respuestas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para identificar qué fue lo que realmente sucedió.
Es importante resaltar que a estas declaraciones del vicecontralor se sumó un pronunciamiento de la empresa, que explicó que están al tanto de ser notificados por la Contraloría para emitir un respectivo pronunciamiento de los hallazgos.
La propuesta contempla volver a concesionar el corredor bajo un nuevo esquema contractual que garantice inversiones adicionales y modernización de la infraestructura existente
El órgano de control citó a AES Colombia, Celsia, Empresa Urrá S.A., Empresas Públicas de Medellín, Enel Colombia S.A., Hidroeléctrica del Alto Porce e Isagen S.A. E.S.P
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