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La posición de los voceros de las bancadas del Concejo de Bogotá, frente al cobro de la contribución por valorización, es que se suspenda el recaudo, mientras el alcalde Gustavo Petro, concreta cuáles serán las modificaciones que hará, según lo ha venido anunciado el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a dicho tributo.
Este cobija los cobros de la fase dos de obras por valorización contempladas en el Acuerdo 180 de 2005.
Precisamente ayer, al cierre de esta edición, Petro se reunía en su despacho con los voceros de las diversas bancadas y se esperaba que se diera una salida ante la avalancha de quejas e inconformidades de los ciudadanos por presuntos cobros excesivos y un cúmulo de inconsistencias.
La Junta de Voceros del Concejo ha dejado claro que la Corporación no tiene facultades para suspender el cobro, pero ha dicho que esto sí lo puede hacer el Alcalde con base en lo estipulado en los Artículos 3 y 93 del Estatuto de Valorización de Bogotá, Acuerdo 7 de 1987, y del Parágrafo 3 del Artículo 6 del Acuerdo 180 de 2005, que faculta al IDU para determinar los plazos del recaudo de la valorización.
Frente a esto la directora del IDU, María Fernanda Rojas, ha dicho que si bien se presentaría al Concejo modificaciones para lograr cambios en este cobro, el proceso no exime del pago de la obligación vigente.
La concejal y vocera de la bancada del Partido Liberal, María Victoria Vargas, dijo que su posición es suspender el recaudo por valorización hasta tanto el Concejo y el Distrito revisen y determinen las posibles inconsistencias.
“Se requiere de que el Alcalde pase un acuerdo al Concejo para concertar las modificaciones. La Corporación analiza y puede hacer también propuestas. Estamos esperando en la reunió de hoy (ayer) cuál es la iniciativa del Alcalde”, señaló.
Pero el concejal progresista, William Moreno, dice que no debe ser una suspensión del cobro como tal, sino ampliar las fechas límites de pago de la contribución con descuento establecidos en las facturas. Ahí el Alcalde, agrega, tiene plenas facultades. “Suspender es dejar en suspenso el cumplimiento de un acuerdo y eso no se puede hacer, además de dejar un vacío e incertidumbre sobre la legitimidad de esos cobros”, añadió.
Moreno indica que postergar las fechas límites permite, una vez se pase la propuesta al Concejo, hacer la revisión de fondo que requiere el Acuerdo 180 de 2005 en un clima más tranquilo y no en medio de la agitación social. Por ello, reiteró, se buscan salidas de aplazamiento a las fechas de pago. “Es necesario hacer una revisión frente a los cobros indebidos y el funcionamiento de obras incluidas en la nueva fase, porque algunas de ellas no son las que se requieren. En esta discusión sí se puede promover la modificación que es suspender los efectos directos”, enfatizó.
La Personería abrió indagación preliminar
La Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios, anunció que inició una indagación preliminar en contra de funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por su presunta responsabilidad en las fallas de planeación, organización, control y seguimiento al proceso de cobro del fase II de valorización en Bogotá. De acuerdo con las diligencias, el organismo encontró cuestionamientos al levantamiento del inventario predial realizado por el IDU, la definición y aplicación de los grados de Beneficio de las obras para cada predio y la socialización y difusión a la ciudadanía de todos los componentes del proyecto de valorización, entre otro.
Las opiniones
William Moreno
Concejal de la Bancada Progresista
“Si las obras de movilidad se aplazan, afectaría el desarrollo de la ciudad y por supuesto serían mucho más costosas en un futuro. El Distrito está obligado a realizar el recaudo”.
Olga Victoria Rubio
Concejal del Movimiento Político MIRA
“La valorización, los ciudadanos la pagarían con gusto, si se vieran las obras finalizadas y el objeto del cobro ejecutado, de lo contrario sería una carga más, pero sin ver un beneficio”.
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