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Tribunal de Cundinamarca pide mayor control contra centros ilegales
Desde hace dos años el Invima comenzó a cumplir una de sus tareas más complejas, debido a que los requisitos técnicos que se establecieron para los centros de beneficio y aprovechamiento animal llevaron a la reducción del número de mataderos autorizados.
Las cifras de la entidad son dicientes. Desde 2016 han cerrado 174 centros de beneficio que no cumplieron con la normatividad del Decreto 1.500 en relación con las condiciones de sanidad, entre otros aspectos.
Adicionalmente, se han hecho ajustes en él número de mataderos autorizados, que se redujo de 1.625 centros de beneficio registrados hace en 2008, hasta llegar a 524 en 2017, lo que arroja una reducción de 68% durante la última década.
Parte de la intención de este ajuste tiene que ver con lograr un aumento en la productividad de procesamiento y mejorar las condiciones de sanidad de cara a las exportaciones de carne, como indicó el director del Invima, Javier Guzmán.
“El cumplimiento del Decreto en su fase final se ha venido haciendo de manera exitosa desde octubre de 2016, nunca antes las autoridades de control habíamos estado tan activas y articuladas en la lucha contra la ilegalidad en el sector cárnico”, dijo Guzmán al destacar que solo el año pasado se destruyeron 300 toneladas de carne y se cerraron 20 mataderos clandestinos.
Sin embargo, a pesar de este avance, persiste preocupación entre algunos actores de la cadena, que lograron, a través de un fallo de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el Invima lleve a cabo también tareas contra los centros de beneficio ilegales.
El fallo le da unos plazos a esta entidad para que identifique los mataderos de contrabando y que adelante políticas “orientadas a desestimular y erradicar el beneficio ilegal de animales destinados para el consumo humano”.
“Colombia tiene más de 100 plantas de beneficio de aves. Anualmente se sacrifican 780 millones de pollos para la producción esperada de 1,6 millones de toneladas”.
Sobre este fallo, el presidente de Fenavi, Andrés Valencia, consideró que la entidad tiene mayor exigencia con las plantas legales que con las que operan de forma ilegal, por lo que “el Invima tiene que hacer la tarea en informalidad, pues no puede haber productos cárnicos sin autorización”.
Sin embargo, Guzmán defendió los cierres que se han hecho, por incumplir con el Decreto 1.500, que contempla exigencias como un volumen de sacrificio mínimo y una capacidad de talento humano, además de condiciones de infraestructura y gestión de calidad.
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