Denuncia contra Reficar se une a 117 líos ambientales

Este proceso se une a los 117 problemas ambientales que según el Atlas Global de Justicia Ambiental existen en el país, y convierte a Colombia en el segundo Estado con mayor conflictividad ambiental del planeta después de India que tiene 222 casos reportados. 

Dentro de los casos que tienen más relevancia hoy en día está el de las minas de oro de Eco Oro que se encuentran en un área que hoy es considerada páramo y por el cual piden en una demanda US$4.000 millones, el del incumplimiento o no de Emgesa en El Quimbo y el lío que tuvo la Drummond por el cargue por barcazas que solía hacerse en la Bahía de Santa Marta. 

En el caso de Reficar, lo que denunció el senador Luis Emilio Sierra es que la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) no fue cuidadosa en modificar la licencia ambiental al complejo industrial que en un principio estipulaba que para sacar este producto se construiría una banda encapsulada que iría directo al puerto de la Refinería. En cambio hoy en día se hace por medio de camiones que transportan el producto por 4,5 kilómetros hasta el Puerto de Mamonal en Cartagena. 

Según Sierra lo que hizo la Anla fue permitir, con la misma licencia ambiental, un recorrido que está por fuera del área de influencia lo que no sería un “cambio menor”. Siendo así, “la Procuraduría señaló a la Anla que debía tener cuidado ya que se modificó el área de influencia. Una cosa es que se de una licencia o un cambio para el manejo del coque dentro de las instalaciones de Reficar y otra cosa es que saque el producto y modifique el área de la autorización y el objeto del instrumento ambiental. Para esto, el procurador delegado señaló que se requeriría una modificación de la licencia y no un simple “cambio menor” como el que se hizo”.

No obstante, el director de la Anla, Fernando Iregui, señaló a LR que la Entidad ha cumplido y la autorización que se dio es legal. “En la legislación ambiental existe una figura que se llama el giro ordinario, que se otorga cuando por parte del usuario se corrobora que no existen impactos ambientales adicionales de los que ya están contemplados en la evaluación inicial que se hizo para otorgar la licencia. Esta figura está contemplada en el parágrafo uno del artículo que permite las modificaciones de licencia del Decreto 1066, y ahí dice que se podrá autorizar una suspensión o modificación de alguna de las obligaciones de la licencia mediante la figura de giro ordinario, cuando se demuestre que no van a haber impactos adicionales”. 

Estudios que según Iregui se hicieron en 2013 y 2014, cuando Reficar radicó un documento, que evaluó la Anla, donde se mostraba que no se habían impactos adicionales. 

“Hay que hacer énfasis en que esto no es definitivo, es transitorio mientras terminan la construcción de las bandas y el puerto (que según Reinoso costará US$250 millones). Además, si bien es cierto que la operación se está autorizando, no quiere decir que la Autoridad no esté vigilando que no se estén dando impactos. Cuando se vean huellas suspenderíamos la operación”, concluyó Iregui. 

Siendo así, los expertos concluyen, como recomendó la Ocde, que el licenciamiento ambiental debe ser eficiente y que reúna todas las condiciones que en realidad requiere una empresa, ya que hoy en día el país por estos tres líos, además de Reficar, podría tener que pagar indemnizaciones por más de US$20.000 millones. También que se exija licenciamiento en exploración y no solo explotación de minerales. 

Eco Oro, Cosigo y Tobie Mining en líos
A pesar de que Eco Oro señaló que “permanece abierta para continuar las discusiones con el Gobierno”, en caso de no llegar a un acuerdo en los próximos seis meses acudirá a un arbitraje internacional para buscar declaración de incumplimiento y una compensación. Situación que ocurre también con Cosigo Resources y Tobie Mining que exigen indemnizaciones por US$16.500 millones y seguirá ocurriendo hasta que no se limiten todos los páramos y las reglas ambientales se hagan claras y estables.

La opinión

Luis Emilio Sierra
Senador del partido Conservador, comisión V
“No se puede pasar por encima que se está modificando el objeto en la licencia ambiental en la que se decía que el coque sería llevado a los buques y no a camiones”.