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El Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá en contra de un Decreto que estableció límites a los municipios y distritos para reglar la actividad minera en sus jurisdicciones.
Se trata del Decreto 934 del 2013 del Ministerio de Minas y Energía, que señaló que las autoridades nacionales debían dar su aprobación antes de que se fijara en los planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, alguna norma sobre la minería.
Ese decreto, además, excluye a los concejos municipales y a las asambleas departamentales de la posibilidad de establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.
La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, admitió la demanda por considerar que se cumplían todos los requerimientos formales.
En la providencia, se ordenó informar del presente proceso a las partes, la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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