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El funcionario recomendó tener en cuenta una posible pérdida en el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos y aceptar el cambio con el propósito de garantizar los objetivos constitucionales en el manejo de la economía social.
En la misiva el jefe del organismo humanitario recomendó tener en cuenta la sentencia C-815 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, según la cual es necesario “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.
En ese orden de ideas, Otálora recordó que si bien la inflación promedio para el año 2015 fue de 6,77 por ciento, el IPC para los hogares con menores ingresos, que representan la mitad de la población, fue de 7,26 por ciento, cifra superior al aumento de 7% autorizado según el reciente decreto gubernamental.
En razón a lo anterior y a que el IPC se emplea para calcular, además del salario mínimo, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el defensor del Pueblo invitó al Presidente de la República y a su equipo económico a estudiar la posibilidad de modificar la cifra y ordenar un ajuste mayor para los colombianos menos favorecidos.
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