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Tránsito de la consulta popular
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Desde la cartera de Interior aseguraron que si el Senado de la República no aprueba la consulta popular, se acogerán a la decisión
El ministro de Interior, Armando Benedetti, comentó sobre las instancias restantes de la consulta popular de cara a la posible aprobación en el Senado y la convocatoria a la misma.
El jefe de la cartera explicó que después de la radicación, ocurrida el jueves primero de mayo, el legislativo tiene un plazo de 30 días para decidir sobre el futuro de esta.
“Si se llegara a aprobar la consulta popular en el Senado de la República, lo que sucede es que el presidente convoca a elecciones. A partir de ahí, en los próximo 15 días, el Consejo Nacional Electoral tiene que conformar los comités para la Consulta”, señaló Armando Benedetti, ministro del Interior.
Sobre la fecha de la consulta popular, Benedetti comentó que es decisión del presidente Petro la fecha en la que se lleve a cabo. "Gustavo Petro definirá el día exacto de las elecciones, para que estas se lleven a cabo en los tres meses siguientes a su aprobación en el Senado de la República", aclaró.
En cuanto a las afirmaciones del jefe de estado en las que habría amenazado al poder legislativo con revocarlo si no aprobaban la consulta popular, el ministro de Interior respondió que Petro "se refería a que los congresistas que no den el SÍ no serán reelegidos".
Las afirmaciones hicieron eco dentro del sector empresarial e industrial colombiano, particularmente en la Andi, quienes aseguraron que "la Constitución y la democracia impone límites a todos, especialmente a las personas con mayor poder y responsabilidad".
En ese sentido, insistieron que la democracia tiene como condición necesaria que todos sus actores puedan actuar con libertad e independencia sin presiones indebidas, "ni provenientes de otras ramas del poder público, ni de fuerzas arbitrarias".
Finalmente, la cartera de Interior, aseguró que si el Senado de la República no aprueba la consulta popular, se acogerán a esta decisión.
La cartera explicó que la transacción permitió obtener descuentos por US$135 millones y generará ahorros en intereses estimados en US$6.214 millones
Cabe resaltar que desde 2019, la Ley 1955 estableció la obligación para las comercializadoras de cubrir al menos 8% de su demanda con energías limpias
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