El ex Alto Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, lanza su libro ‘La guerra sin fin’

Tatiana Arango M. - tarango@larepublica.com.co

“Tenemos que buscar nuevas fórmulas porque es claro que hemos perdido la batalla contra las drogas”. Con esa frase, el ex alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo, defiende la tesis de su nuevo libro ‘La guerra sin fin’, una publicación en la que el exfuncionario explica por qué la lucha contra las drogas no ha acabado y da las bases para una nueva política efectiva que permita acabar con ese flagelo. Pardo explicó algunos de sus postulados para enfrentar el problema.

¿Por qué el régimen internacional de prohibición de drogas debe reformularse?

Tenemos que buscar nuevas fórmulas porque es claro que hemos perdido la batalla contra las drogas. Prohibir no ha servido, ni para reducir el consumo, ni para salvar vidas. Necesitamos una conversación franca porque es hora de devolverle la dignidad a los campesinos que producen las drogas ilícitas; atender desde un enfoque integral de salud pública a los consumidores y desmantelar un negocio que nos ha costado no solo miles de millones, sino cientos de vidas.

¿Por qué la militarización como medida de consumo de drogas es ineficaz en países con conflictos internos y con Estados débiles?

La militarización no es una medida sostenible porque solo se enfoca en una parte del problema. No en el conjunto de factores en los que opera la droga. Los ejércitos no han sido capaces, ni de reducir el consumo, ni de desmantelar el negocio. Fíjese que los capos más buscados están libres o han sido reemplazados. Si bien el Plan Colombia en Colombia o el plan contra el opio en Afganistán permitieron mejorar la capacidad del Ejército de ambos países, los verdaderos problemas que sustentan las actividades de drogas siguen ahí, pendientes de ser resueltos.

LOS CONTRASTES

  • Carlos AriasProfesor de la Universidad Externado

    “La política pública del Estado colombiano ha sido ineficaz porque no ha atacado el problema de fondo. Se ha dedicado a la aspersión y erradicación, y no a las bases culturales”.

Teniendo en cuenta eso, ¿cómo debe manejarse el problema de las drogas en Colombia? ¿El enfoque para manejar este problema debe ser más económico y social que judicial/policial?

Necesitamos respuestas integrales donde estén presentes factores económicos, sociales, judiciales y policiales. Una política antinarcóticos exitosa es la que encuentra soluciones específicas para cada grupo poblacional que interviene en el negocio de la droga o que diferencia entre las diferentes fases del proceso. No es lo mismo una política antidrogas encaminada a los pequeños cultivadores que a los grandes capos. El debate no es entre criminalización y descriminalización. Es más bien, cómo evitar que los factores que dieron origen a las drogas vuelvan a ocurrir. La cooperación internacional es un importante engranaje en este nuevo enfoque.

¿La razón de la larga duración del problema de las drogas es el enfoque judicial/policial con el que se ha tratado?

En Colombia, la lucha contra las drogas ha tenido tantos éxitos como fracasos. El debate no es si el enfoque policial/judicial ha sido el problema. O si es mejor alguna otra fórmula mágica. Creo que el fracaso de las drogas en Colombia se debe a la incapacidad de construir una fórmula común. No hemos sido capaces de dar respuesta al consumo, tráfico y producción de las drogas sin meterle al debate sesgos ideológicos o mezquindades partidistas. Llegó la hora de ser sensatos y hablar con honestidad.

El negocio de la coca en Colombia mueve el doble que el café. ¿Cómo crear en Colombia una política de sustitución de cultivos efectiva?

Ya empezamos a construirla y tiene nombre y apellido: el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos producto del Acuerdo de Paz. ¿No es exitosa una política que a agosto de 2018 vinculó a más de 97.000 cocaleros, presentó un porcentaje de cumplimiento del más de 90% y que según Naciones Unidas ha tenido una tasa de resiembra de 0,6% frente a una resiembra mínima de 35% en procesos de erradicación forzosa?

¿Qué tipo de productos podrían hacer parte de un programa de este tipo?

En zonas de sustitución se está produciendo cacao, caña, piña, pimienta, sacha inchi, yuca, plátano, palmito, por enumerar solo algunos.

¿De qué debe ir acompañado este programa de sustitución?

Primero, un compromiso firme e inquebrantable del gobierno nacional. La sustitución no se debe politizar. Perder la confianza del campesinado, incumplirle a los antiguos cocaleros y desmontar a pedazos programas como el Pnis sería un atentado para superar el programa de las drogas en Colombia. Segundo, la sustitución significa inversión. No solo inversión en infraestructura, mantenimiento de vías terciarias o construcción de canales comerciales. Se deben asegurar los recursos para cumplirle a quienes se inscriben en el programa. Tercero, el programa de sustitución debe estar complementado con otras estrategias de renovación territorial. Fíjese que en Colombia, donde hay concentración de coca, hay minas y altos índices de pobreza.

¿Existen ejemplos de políticas de sustitución de cultivos que estén funcionando?

Puedo señalarle dos: Tailandia y Colombia. Aunque en Tailandia la amapola estaba concentrada en menos de 20.000 hectáreas (ni siquiera 10% de la coca en Colombia), el Estado puso en marcha un programa de ayuda y renovación territorial brindando mejores oportunidades al campesinado. Ello incluyó créditos, programas pedagógicos y una reconversión cultural. Tailandia superó el problema y hoy da lecciones al mundo. En Colombia, la sustitución es una apuesta que cada día demuestra que es posible apostarle a la legalidad.

Usted señala que uno de los pasos para manejar el problema de las drogas en Colombia debe ser “romper la esquizofrenia”. ¿Qué significa eso y cómo se logra esto?

Tenemos que aceptar que las drogas son una realidad y que hay un buen número de consumidores que encuentran placer usándolas. Lo que pasa en algunos países como Colombia es que el debate termina enfocándose en la producción o la comercialización y no en la adicción. Tenemos que dar un paso hacia delante. Aceptar que hay adictos a quienes debemos proveerles programas de desintoxicación. Debemos abrir el debate de los opiáceos cuyo suministro no está regulado. Es hora de mirar la experiencia de países como Suiza y evaluar los canales controlados de suministro. Es decir, debemos meterle más salud pública y menos represión pública al debate de las drogas.

La guerra sin fin

El lanzamiento del libro de Rafael Pardo Rueda se realizará este miércoles. Durante el evento se llevará a cabo una conversación entre el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, y el profesor asociado de la Facultad de Economía de la misma institución, Daniel Mejía.