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Según el gremio, la contratación arroja un déficit en el que los oferentes imponen sus condiciones sin estar sujetos a los controles y límites que implica la competencia.
Actualmente la cuarta parte de la demanda está obligada a recurrir a la bolsa de energía, donde queda expuesta a la volatilidad de los precios de corto plazo.
María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía, resaltó que “actualmente, la oferta está exigiendo $220 por kWh, es decir, US$80 MWh para contratos de generación a un año. Este valor es el más alto de toda la región, lo cual es insólito en un país tan rico en recursos hídricos y carbón. Las proyecciones que ha realizado el equipo técnico de Asoenergía indican que, a este ritmo, al final de la década la industria colombiana tendrá costos de US$100 por MWh solamente por concepto de generación de energía”.
Los competidores internacionales de la industria colombiana, como Estados Unidos, México y Perú, tienen tarifas totales de energía que oscilan alrededor de US$70 MWh (incluyendo generación, transmisión, distribución y comercialización), mientras las tarifas totales que paga la industria colombiana ya son superiores a US$112 MWh, y seguirán aumentando.
Durante los últimos seis años el costo de energía para la industria ha crecido anualmente más de 9 puntos porcentuales por encima de la inflación.
De acuerdo con Asoenergía, la esencia del problema de los precios de energía se encuentra en un déficit de generación a costos competitivos, el cual se calcula en 2000MW.
Lamentablemente las ampliaciones en la capacidad instalada del sistema eléctrico se programan con base en el crecimiento de la demanda total, sin tomar en cuenta la necesidad de renovar el parque generador para adecuarlo a la competitividad que requiere la producción nacional.
Asoenergía insiste en la necesidad urgente de ampliar la oferta de generación a costos competitivos en lugar de mantener la situación deficitaria y elevar el precio de escasez para que las plantas ineficientes puedan permanecer en el mercado. “Insistimos en que el esquema regulatorio debe promover la sustitución de estos activos”, aseguraron.
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La petición fue presentada ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en el marco de un proceso de reorganización financiera que la firma inició a finales de 2025
Según el gremio, la propuesta impediría que alimentos con sellos de advertencia informen sobre atributos positivos, lo que consideran una restricción al acceso a información completa
