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La entidad de control documentó 129 hallazgos administrativos más de los encontrados a finales de febrero de 2015, para un total de 166. De estos, 42 tendrían alcance disciplinario e incluso dos llegarían a acciones de tipo penal, mientras que seis tendrían incidencia de tipo fiscal, por un total de $33.433 millones.
Nuevamente, el Incoder fue acusado por su ineficiencia en la ejecución de recursos públicos y la falta de planeación para cumplir con las metas trazadas en su programa de acción. Por ejemplo, la Contraloría dijo que el Instituto está pendiente de la atención de 5.800 familias del campo por varios temas y que solo en lo referente a titulación de tierras baldías, hay un déficit de respuesta porque se asumieron 93 de las cerca de 1.200 solicitudes formuladas por campesinos.
Sin embargo, el Incoder reportó que en el primer semestre de 2015 hasta la oficina de Atención al Ciudadano del nivel central solo se acercaron 506 personas para solicitar información sobre trámites y servicios, de los cuales la mayoría eran campesinos (224) interesados en asuntos de titulación, procesos agrarios y otorgamiento de subsidios para compra de tierras por ser víctimas de la violencia.
En términos de presupuesto, la Contraloría denunció que el Incoder estableció recursos por más de $52.000 millones, pero en zonas rurales de Nariño, Meta, y Choco, entre otros departamentos, este dinero no se había ejecutado para mayo del 2015 pasado a pesar de ser asignados desde principio del año.
La gestión de auditoria de la Contraloría sobre el Incoder señaló un atraso significativo, a partir de 2011, de las labores de la entidad en relación con la compra de predios y legalización para comunidades indígenas y negras, la implementación de proyectos productivos, y la reestructuración de resguardos indígenas de origen colonial.
Así mismo, el organo de control ha reportado irregularidades por constitución de cuentas por pagar que superan el valor de los proyectos de inversión. En el informe de febrero de 2015, la Contraloría reveló que por ejemplo en 2013 se constituyeron $41.984 millones en cuentas por pagar, lo que correspondía al 68% del total del presupuesto comprometido.
El Gobierno inció el proceso de liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural en marzo de 2015 cuando el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció la creación de dos nuevas entidades, una encargada de adjudicar y manejar tierras; y otra delegada para la articulación de actividades asociadas con el desarrollo rural, según como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
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