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La Contraloría ha iniciado investigación de responsabilidad fiscal en los casos de pensiones altas obtenidas a través de actuaciones fraudulentas para obtener reajustes que no se compadecen con la situación laboral y de cotizaciones de los presuntos implicados, no solamente relacionados con el Consejo Superior de la Judicatura sino también con otras instituciones como el ISS y Cajanal en liquidación.
Igualmente, advirtió a los nominadores responsables de nombramientos y encargos de personas que pudieren estar en régimen de transición, para que sus actuaciones sean revisadas.
Respecto al debate de pensiones, hoy los Magistrados de la Corte Constitucional retomarán la discusión. En esta tercera reunión se deberán revisar las distintas posiciones de: Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Trabajo, entre otros, muchas de ellas en contra de la demanda; así como, el artículo 48 de la Constitución, que establece que 'en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos'.
Además, si la sostenibilidad fiscal puede ir en contra de lo que dicta la Constitución en materia de derechos adquiridos y en contra del Acto Legislativo 03 de 2011 en su Artículo 1 que dice que 'bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales'.
Por lo que, por ahora el panorama constitucional y las distintas voces sobre el sistema pensional que aplica para los ex funcionarios están a favor de los congresistas, es decir que, es probable que a los ex funcionarios que tienen pensiones entre $17 millones y $25 millones, más de 25 salarios mínimos mensuales, no se les bajarían a jubilaciones de $14,7 millones.
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