Contraloría halló anomalías del Incoder en titulación

El escándalo sobre las irregularidades en la titulación de terrenos baldíos no cesa, y esta vez fue la Contraloría General de la República la que advirtió sobre las deficiencias en la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), al momento de adjudicar tierras de propiedad de la Nación en cinco departamentos (Vichada, Caquetá, Meta, Magdalena y Antioquia), durante el año pasado.

El ente de control reveló detalles de la auditoría regular en la que se detectaron graves fallas que tienen que ver con inconsistencias en la información, vulneraciones de normas en los procesos y falta de seguimiento a la titulación de tierras.

Dentro de los hallazgos a los que se refirió la entidad está la existencia de beneficiarios que gozan de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), acumulación límite que indica la ley 160 de 1994, y además adquieren predios colindantes, con lo cual acumulan predios.

Por otro lado señaló la falta de verificación a los requisitos tanto del predio a adjudicar como del solicitante, que se establecen en los procesos de adjudicación de baldíos. Estos procesos de titulación según señaló la Contraloría, vienen siendo realizados por contratistas y no por funcionarios de la entidad, vulnerando la norma que prohibe celebrar contratos de prestación de servicios que corresponde a empleos donde se ejercen funciones de carácter permanente.

Adicionalmente de acuerdo con los resultados de la auditoría el Incoder presenta una fuerte debilidad en la inspección ocular que no tiene previstos registros fotográficos o audiovisuales; no realiza una verificación a fondo de las condiciones del predio; y no se registran pruebas de la permanencia y explotación del predio por parte del solicitante en un lapso superior a cinco años. Asimismo señala que la gestión del Instituto es carente de un proceso riguroso de pruebas de la documentación aportada por el solicitante de la tierra con lo que la asignación de predios deriva en acumulación de propiedades por parte de solicitantes cuya actividad principal no es la agropecuaria. Esto ha generado que sean múltiples los casos en los que tierras de la Nación han terminado en manos de empresarios y hacendados a través de maniobras ilegales.

Con relación a la documentación la Contraloría encontró que no se hacen cruces con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no se consulta si el predio a adjudicar ha sido previamente adjudicado, lo cual ha dado lugar a revocatoria directa, con los problemas sobrevinientes en los casos en que éstos hayan sido comercializados por los adjudicatarios. Además se evidenciaron inconsistencias en la revisión jurídica de la titulación “En algunos casos no aparece prueba documental de la misma y en otros, no se firma ni se registra su fecha. En muchos casos se limita a una relación o repetición de lo registrado en el proceso con la misma superficialidad”, señala el informe.

La opinión

Absalón machado
Profesor de la U. Nacional, experto en tierras
“El Estado debe repensar la institucionalidad que tiene para el manejo de tierras, y lo más sensato es que se congele la entrega de baldíos hasta no resolver el caso de los robados”.