Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, correspondiente a la vigencia 2011, determinó cuatro hallazgos con presunto alcance fiscal por $156.128,7 millones, 19 de carácter disciplinario y 1 administrativo.
El presunto detrimento patrimonial se origina especialmente por la falta de recaudo de cartera del impuesto predial de las vigencias 2003 – 2007, por $146.851 millones, los cuales prescribieron al cierre de la vigencia 2011.
"No se pudo establecer la existencia o destino de bienes por $5.388,6 millones, entregados por la Dirección Distrital de Liquidaciones a la Alcaldía, ni hay evidencia de registros contables y presupuestales.
La Alcaldía no suministró documento alguno que indiquey fundamente su participación en las entidades donde ha realizado inversiones por $3.768.8 millones", señaló la Contralaría a través de un comunicado.
De acuerdo con la entidad, el distrito presenta deficiencias generalizadas de orden contable derivadas de la falta de análisis y depuración contable de las cuentas de Balance y del Estado de Actividad Económica, Financiera, Social y Ambiental. Además, la información financiera presenta deficiencias en su preparación y presentación lo cual incide en su exactitud y consistencia.
"En el manejo de la propiedad, planta y equipo no se tiene certeza del valor de los bienes muebles e inmuebles que posee, toda vez que desde el año 2006 no ha realizado avalúos y durante las vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 no realizó inventarios. Por lo tanto no se conoce la realidad actual de sus bienes.
El Distrito adquirió obligaciones posteriores al Acuerdo de Restructuración de Pasivos con la Banca Comercial por $155.000 millones, sin contar con todos los requerimientos establecidos en el Plan de Desempeño, aunque fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público", señala también el documento.
Según la Contraloría, si bien estas obligaciones no afectan los compromisos de la vigencia 2012, si ponen en riesgo su cumplimiento, toda vez que la deuda pública por $16.631 millones proyectada para 2013, conformada por $11.000 millones para amortización y $5.361 millones para intereses, no sería sostenible dado que en el escenario financiero sólo se estarían cubriendo intereses.
