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Se encontró riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental y riesgo de interferencia en el tráfico marítimo
La Contraloría General de la República emitió la primera función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
La entidad de control señaló que se corren varios riesgos, ya que el esquema de remuneración que se estableció tendría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al momento en que la planta entre en operación en 2024, pues habría un incremento de 32% en tres años.
Con este control fiscal y preventivo, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía encontró riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria.
Cabe mencionar que la razón principal por la que el Gobierno lleva a cabo este proyecto es buscar garantizar el suministro de gas en el país. Esto, considerando que, de acuerdo al “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028” que elaboró la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), hay una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024, por lo que sería necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha.
Aún así, la Contraloría aseguró que llama la atención que si el proceso de selección del inversionista se cumpliera sin contratiempos, el proyecto sería adjudicado a finales de septiembre de 2021, como se establece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma Upme, la regasificadora se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit de gas.
"En el estudio de la UPME se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de nueve años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta", explicó la Contraloría.
La planta regasificadora tendrá un costo aproximado de US$400 millones, mientras que el del gasoducto será de US$161 millones y el de la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.
Así, la convocatoria pública de la Upme tiene el propósito de seleccionar al inversionista que se encargará de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y Servicios Asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico conformada por la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
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