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Carlos Mario Zuluaga, contralor general
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El ente de control señaló que se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto y que $18 billones de los recursos son estratégicos
La Contraloría General de la República realizó un pronunciamiento de advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito por el polémico Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación por poner en riesgo la ejecución de los recursos del Estado.
De acuerdo con el ente de control, el decreto expedido por la cartera está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación y resultar en la paralización de las actividades del Estado, "lo cual constituiría un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria".
La entidad señaló que $18 billones del Presupuesto que no fueron desagregados debían ser destinados a proyectos estratégicos, lo que podría impedir la recuperación económica para este año, tras la fuerte desaceleración de 2023.
En total son tres acciones sobre las que la Contraloría puso la lupa. La primera es que, según el ente de control, todavía no se ha desagregado de manera detallada los gastos de inversión en proyectos como lo establece la técnica presupuestal.
También dijo que $18 billones que se encuentran en partidas globales serán sujetas discrecionalmente a las autorizaciones de la Presidencia de la República, "situación que puede traer consecuencias relacionadas con la celeridad en la ejecución del Presupuesto", dijo el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga.
También preocupa a la Contraloría de la República las vigencias futuras que no se discriminan ni se detallan de manera clara en la liquidación de este Presupuesto
La Contraloría hizo uso de sus recientes poderes adquiridos de control concomitante y preventivo por medio de la reforma constitucional de 2019. Por ello, señaló que "ya no tiene que esperar a que se termine el ciclo de ejecución para adelantar un ejercicio de control fiscal cuando todo está consumado y posiblemente se haya presentado una anomalía en la ejecución".
Añadió que es deber del Ministerio de Hacienda desagregar el Presupuesto aprobado por el Congreso de la República y dijo que no se cumplieron dos parámetros que justifican la decisión de llamarle la atención la cartera económica. En primer lugar dice que se omitió el hecho de que el detalle del decreto debe ir en un anexo y no en el articulado del proyecto.
Y en segundo lugar, la Contraloría dice que se debió presentar el detalle de la Ley de Presupuesto, lo que no se cumplió en la medida en que los gastos de inversión no se desagregaron a nivel de proyecto.
Por estas dos fallas en el decreto inicial, el ente de control dijo que varias entidades del Estado como el Invias, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el mismo Ministerio de Hacienda impidieron que los proyectos de inversión se incorporaran al Siif y se comenzara con la ejecución de los recursos.
"Más aún, algunos de estos proyectos venían cobijados con vigencias futuras que garantizaban los recursos necesarios para ejecutarse en este año", señaló la Contraloría.
Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda trato de rectificar el decreto de liquidación inicial con uno nuevo en el que desagregaba los recursos faltantes, pero para la Contraloría, esto solo resolvió parcialmente el problema.
Señaló que decreto expedido en febrero no deroga el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, sino que simplemente lo modifica, "con lo cual se deja sin desagregar no solamente una parte importante de la
Inversión de los proyectos viales por $13 billones, sino que se mantiene el nivel agregado en las bolsas de buena parte de la ejecución de la inversión del resto de las entidades del Presupuesto de la Nación".
Y en segundo lugar, dice que se mantuvo en el artículo primero, que no es anexo, la totalidad del gasto de ministerios (excepto Hacienda), agencias (excepto ANI), institutos (excepto Invías) y unidades (excepto unidad de infraestructura).
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