Consumo controlado de droga sigue dividiendo

Duros cuestionamientos de varios sectores políticos sigue recibiendo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por su propuesta de permitir el consumo controlado de droga para los adictos y así combatir el comercio de esas sustancias.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, calificó así la iniciativa de Petro: “Centros de Consumo, contagio social sin cura de pacientes”.

De la misma manera, el exmandatario estimó que la Reforma Constitucional de 2009 prohibió llevar al adicto a la cárcel y ordena, como lo dispone ley reciente, que se le provea con tratamiento médico, “para lo cual el galeno es libre de acuerdo con sus conocimientos científicos”.

Uribe escribió en su cuenta de Twitter que “muchos economistas expresan, que al facilitar el consumo, crece el número de consumidores y adictos. Esto -dijo- hasta el punto de desbordar la capacidad estatal de atenderlos médicamente. Los centros de consumo aumentan el contagio, generan más consumidores, agudizan la enfermedad de los adictos y crean riesgos adicionales de violencia”.

Recordó que la totalidad de sicarios capturados reconocieron que cometieron sus crímenes bajo el influjo de las drogas y el alcohol, “qué pensará el agente de policía, encargado de luchar contra el narcotráfico, al ver los centros de consumo. Se justificará su exposición al riesgo, su sacrificio”.

A su turno el presidente del Senado, Roy Barreras, estimó que “el alcalde ha dicho que no fuma, ojalá aquellos que él tiene previsto que fumen drogas en las zonas de distensión sigan su ejemplo y tampoco puedan hacerlo”.

Barreras consideró que debe haber una decisión global a este problema porque de lo contrario todas estas propuestas particulares “me parece que van a terminar mal, de manera que no creo en esas improvisaciones, creo que Colombia debe avanzar en el debate internacional sobre penalización de las drogas para que sea una decisión universal y no en un barrio de Bogotá”.

Declaró además que tampoco cree que sea un tema legislativo, porque el mismo es del Estado Colombiano, “más allá de la decisión de un alcalde en un barrio este es un tema que ni siquiera pasa por el Congreso de Colombia sino por una revisión de la convención contra las drogas en el mundo, es una tarea de Cancillería de diplomacia y de largo plazo”.

A su turno el representante a la Cámara, Telésforo Pedraza, consideró que el compromiso del Estado debe estar encaminado a tratar el consumo de drogas como enfermedad y contrarrestar con campañas educativas y de prevención.

Expresó que el Gobierno debe seguir persiguiendo a los actores del narcotráfico, fortalecer los tratados internacionales y tomar más medidas que ayuden a las instituciones del Estado encargadas de la persecución del mismo, “pero diferenciando o dando un enfoque diferente a quienes por distintas razones han caído en la penosa enfermedad de la drogadicción”.

Magistrado de la Corte Suprema

“Creo que podría hacerle mucho bien a la sociedad en la medida que el Estado suministre la dosis que el permita a la persona mantenerse más o menos, de alguna manera, ‘saludable’, de acuerdo con su adicción”.

Con estas palabras, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, se mostró de acuerdo con la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de crear centros de consumo de estupefacientes controlado, para tratar a los adictos y reducir la criminalidad.

“Como magistrado y como académico creo que es una buena protesta. A mí me parece que la persona que es adicta a los estupefacientes debe ser tratado como un enfermo y no como un delincuente”, dijo Bustos quien funge como presidente de la Sala Penal, pero dijo que esa opinión es título personal.

Agregó que la propuesta no es nueva ya que se aplica en algunos países europeos para reducir altos índices de la criminalidad “que se genera precisamente a partir de las conductas delictivas contra el patrimonio económico que realiza el adicto para proveerse del fármaco”.