Con esquema de regalías se dará prioridad a 403 proyectos que suman $7,1 billones

Después de 20 años de un esquema en el que 80% de las regalías se destinaba tan solo al 17% de la población, el Gobierno decidió hacer un revolcón al sistema. El Congreso, tras largos debates, le apostó a la filosofía de repartir la 'mermelada en toda la tostada nacional'.

Luego de cuatro meses de aprobados los textos de Senado y Cámara sobre la reglamentación del Sistema General de Regalías, SGR, el pasado miércoles el Congreso dio un sí a la conciliación. Ahora, $9,1 billones que se proyectan para este año serán repartidos tanto a los entes territoriales productores como a los que no lo son. El SGR busca tener impacto regional.

Por esto el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha trabajado en la priorización de 403 proyectos que suman $7,1 billones, de los cuales $1,3 billones están concentrados en la región Caribe; $1,3 billones, en el Centro Oriente, y $1,3 billones, en el Sur Macizo (el resto en las demás regiones del país).

'Este sistema privilegia al departamento. La filosofía es la descentralización', dijo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien explicó que la 'mermelada' son los diferentes fondos que componen el SGR y por los cuales se distribuirán los recursos para la realización de proyectos de impacto regional.

Los triángulos de buen gobierno, denominados Ocad, serán los que velarán por la correcta inversión y serán de nivel regional, departamental y municipal. En ellos tendrán asiento Gobierno, gobernadores y alcaldes. El SGR estará precedido por la Comisión Rectora, en cabeza del DNP.

Con el antiguo esquema el 80% de las regalías se repartía entre los productores y el 20% estaba destinado al Fondo Nacional de Regalías (FNR), que funcionaba como mecanismo de redistribución a entidades no receptoras. Entre 1995 y 2010, el país recibió $48,8 billones de regalías. Poco de esto se tradujo en el bienestar de la gente. En 2009 ninguna de las 180 entidades territoriales mayores beneficiarias alcanzaron las metas exigidas en educación, salud, agua potable, etc.

La necesidad de replantear el sistema la puso sobre la mesa el presidente Santos, quien afirmó que las regalías no podían 'seguir siendo la caja menor de los gobiernos municipales de turno'. Ahora, con el SGR se busca que no hayan más proyectos de piscinas con olas o velódromos abandonados. También que este año el 50% de las regalías se destine para las entidades territoriales productoras y el otro 50%, para los nuevos fondos. De 2015 en adelante, la idea es que el 20% se destine a los productores, y el 80%, para los fondos.

Fedemunicipios y congresistas alzaron su voz en contra de la reforma, llamándola centralista y criticando su esquema, para algunos 'engorroso y lleno de tramitología'. En efecto, antes se gastaban dos meses para participar de los recursos en muchos pasos. Ante la crítica se decidió cambiar el esquema a cinco pasos en 15 días. Entre los ajustes al SGR: 40% del Fondo de Compensación Regional (FCR), 30% se destinará para los 700 municipios más pobres y el 10%, para 343 municipios de categoría 4, 5 y 6.

En total, 1.045 municipios contarán con asignaciones directas del FCR; en 2011, eran 192. Con la aprobación de la conciliación y el visto bueno del acto legislativo por parte de la Corte Constitucional, se espera que los Ocad regionales empiecen a girar recursos de los Fondos.

Actualmente se giran $1,5 billones por este concepto
Según el DNP, se han girado $423.000 millones de regalías directas; $30.000 millones para programas de alimentación escolar; $624.000 millones por concepto de margen de comercialización distribuidos entre entes territoriales beneficiarios de hidrocarburos y $464.000 millones del sistema anterior. Se espera que a finales de mayo se giren $200.000 millones de regalías directas.

Las opiniones

Mauricio Santa María
Director del DNP
'Todos los municipios y departamentos, sin importar si son productores o no, van a recibir recursos para que financien sus proyectos'.

Maritza Martínez
Senadora por el departamento del Meta
'Se les despoja a municipios que necesitaban de recursos, se les generan expectativas a otros que no van a recibir. El trámite fue antitécnico. Corre el riesgo de declararse anticonstitucional'.