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La nueva norma exige a las empresas que vendan cartera de libranzas, contratar con un tercero independiente no menos de cuatro auditorías anuales, con el propósito de verificar el estado de los créditos. Así pues, el decreto 1348 de agosto de 2016 “busca darles mayor transparencia a las operaciones relacionadas con las libranzas extrabancarias”, según puntualiza el articulado.
De este modo, los usuarios pueden ingresar al sistema de libranzas pero bajo los conocimientos de los peligros que pueden llegar después de un tiempo, precisamente porque la norma “exige al vendedor de libranzas revelar al comprador de manera clara y precisa, previo a la firma del contrato, los inherentes a las operaciones de venta y administración de cartera”. Para el economista Juan Camilo Arango “era de vital importancia este tipo de medidas con el ánimo de poner bajo la lupa a quienes administran las libranzas y evitar entre otras cosas la mora en los pagos de estas”.
El decreto, pide explícitamente que “la medida reglamenta la revelación de información y gestión de riesgos en la venta y administración de estos negocios, de tal manera que se cumplan en adecuadas condiciones de seguridad para los compradores”, puntos con los cuales, el Gobierno espera menos casos caóticos como en el pasado, luego de que los usuarios desconocían los peligros del futuro.
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