MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
$140 billones es el ingresoque recibió la Nación en 2023 por el impuesto de renta y patrimonio
Agregue a sus temas de interés
Si lo logra, pasará a debatir en Congreso. Sin embargo, hay discusión por falta de documentación técnica que respalde el proyecto
El Comité Promotor de referendo propone ampliar los ingresos de los departamentos mediante la autonomía fiscal de las regiones, específicamente tener la completa administración del impuesto de renta y patrimonio.
Por ahora, ya están listos los miembros, que incluye al concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, a los exministros de Agricultura, Carlos Sanz y Juan Guillermo Zuluaga, a la exdirectora de asuntos indígenas Hilduara Barliza Brito, a la modelo y excongresista Vanessa Mendoza, al periodista Diego Santos Calderón, a la exdirectora de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda Ana Lucía Villa, al exgobernador y actual congresista Guido Echeverri Piedrahita y a la abogada Juliana Castañeda.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que la limitación de ingresos “dificulta atender las necesidades y exigencias del territorio”, además de generar dependencia al Sistema General de Participaciones, ya que de cada $100 que proyecta un departamento, cerca de $50 provienen del SGP.
Sin embargo, el problema estaría en la tajada del pastel para los entes territoriales, asegura la Gobernación, ya que la Nación recibiría cerca de $140 billones por impuestos directos y solo retornaría $77 billones a las regiones en las transferencias.
“Todos los departamentos y el Distrito ganarían no solo porque muchos verían duplicar sus ingresos, sino porque conlleva la creación de un fondo de convergencia regional”.
“Contablemente, si los departamentos quieren apropiarse de $140 billones de ingresos tributarios, tendrían que responsabilizarsede la inversión y del SGP”.
Carlos Sepúlveda, profesor de economía de la Universidad del Rosario, dice que la autonomía fiscal sirve para reflexionar sobre la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales, “dado que permite entender cuál debería ser el rol de cada uno, de manera que se complementen”.
También agregó que la discusión tiene que ir hacia la estructura tributaria óptima, junto con el gasto acorde a las competencias de los entes municipales, departamentales y nacionales.
Por su parte, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera que es una propuesta en la que falta una documentación técnica explícita, y asegura que, así como está planteada, podría causar un fuerte impacto en los ingresos de la Nación, que podría reducir el gasto público y el pago de las deudas.
“Así, el recaudo de las transferencias de Bogotá sería positivo, mientras que en el Chocó sería negativo”, dice Pardo. “Podría crear una carrera por la administración del impuesto de renta, que podría bajar y subir la inversión departamental”.
Para la Gobernación el meollo está en que la Nación se queda con 85% del recaudo, los municipios con 10% y los departamentos con 5%. Además, recalca que la propuesta advierte que “ningún departamento podrá recibir una asignación inferior a la que ya venía recibiendo”, con el fin de prevenir que haya zonas con menores ingresos.
Por ahora, tendrán seis meses de búsqueda de firmas con las planillas para validación por parte de la Registraduría, luego se presentará en el Congreso, y si pasa, lo revisa la Corte Constitucional para que el Gobierno convoque el referendo.
La Gobernación de Antioquia, principal defensora de la propuesta, junto con la Gobernación del Atlántico, apuntó que la idea será reducir la dependencia de los recursos de la Nación, generar competencia entre los gobiernos regionales para incentivar la productividad, fortalecer la autonomía mediante la eficiencia y transparencia, y blindar la conciencia del uso de los impuestos en los habitantes.
Julián Rendón, gobernador del departamento, dijo que con suficientes recursos se atenderán las problemáticas regionales; sin embargo, quedó en el aire el problema de la deuda.
El proceso comercial se extenderá hasta la tercera semana de febrero de 2026, periodo en el que se espera concretar la firma de los contratos
El propósito de esta manifestación pacífica es exigirle a la Presidencia de la República el cumplimiento de la reforma laboral
Paola Bernal explicó que los impuestos y las tasas de Colombia para transporte aéreo están por encima del promedio internacional
