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ECONOMÍA Comisión de estudio analizará los ajustes al nuevo Estatuto Aduanero
viernes, 23 de agosto de 2013
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María Alejandra Solano Vargas - msolano@larepublica.com.co

El Gobierno decidió suspender los artículos que autorizan el descargue en mitad del río Magdalena o del mar, mientras se analizan sus impactos. El anuncio lo hizo la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez después de una reunión con el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa y la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera.

“Estamos satisfechos momentáneamente por 30 días. Los puertos y todos los que tienen que ver con este tema tienen que estar atentos, pues hay en juego cosas muy importantes para la economía de este país” dijo Saverio Minervini, presidente del Grupo Coremar.

Empresarios portuarios, representantes políticos y funcionarios del Gobierno decidieron concertar mesas de trabajo para analizar la competitividad del río Magdalena sin perjudicar a las zonas portuarias ni a los empresarios de Barranquilla.

“En Santander y específicamente en Barrancabermeja queremos la operación en fondeo, es algo que vemos como muy positivo y el país le debe apuntar a llegar allá. Por supuesto, aquí hay un efecto económico, fuerzas que están invirtiendo en Barrancabermeja y en Barranquilla pero se debe ceder económicamente en las dos partes”, aseguró Richard Aguilar, gobernador de Santander. Por su parte, la alcaldesa de Barranquilla dijo estar satisfecha con la decisión. “El Gobierno escuchó el clamor de los barranquilleros sobre fondeo. Trabajaremos por la competitividad”.

En octubre se abre la licitación del río Magdalena
La licitación del proyecto de navegabilidad por el río Magdalena se hará en octubre. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) ya tiene la conformación definitiva de los interesados que se encuentran habilitados para participar en el proceso. Una de las empresas que están detrás de este proyecto son Acciona, Castro Tcherassi, Iridium Colombia y Odebrecht. El contrato de $1,2 billones buscará garantizar la navegabilidad por el río durante 10 años.

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