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Según el Carf, uno de cada $3 recaudados en 2025 tendría que irse para pagar la deuda, lo cual resta margen de recursos para gastos sociales y productivos
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, presentó su informe de análisis fiscal al Congreso de la República, en el cual reveló que el panorama presenta varios retos para 2025, ya que, si se materializa el escenario del Gobierno en el que el déficit fiscal llegue a 5% del PIB, el país completaría seis años consecutivos con déficits superiores a 4%; el organismo definió que esto seguiría ejerciendo presión al alza del endeudamiento público.
A lo que adicionó que el Ejecutivo proyecta una deuda neta que se ubicaría en alrededor de 60% del PIB, lo cual se ubica lejos del ancla legal de 55%, y también se ubicaría cerca al máximo histórico que se registró en 2020 (60,7%).
Según sus estimaciones, uno de cada $3 recaudados en 2025 tendría que irse para pagar la deuda, lo cual resta margen de recursos para gastos sociales y en materia productiva.
El organismo manifestó que, entre los retos fiscales de 2025, se suman la presión en el gasto y el ingreso tributario, el cual sería menor al que se proyectó en el Plan Financiero de 2025.
Después aseguró que es poco probable que el Gobierno alcance su meta en recaudo tributario, ya que, el logro de este objetivo requeriría un aumento de 22,6% frente a lo que se presentó en 2024, y ello en un contexto en que la economía crecería 5,8% en términos nominales.
La entidad apuntó que, si bien el control eficiente de la caja alivia temporalmente las presiones fiscales, no elimina la necesidad de tomar “decisiones estructurales” para estabilizar las finanzas públicas y tener un cumplimiento sostenido de la regla fiscal, a lo que sumó que para que esta se cumpla en 2025 se requiere un ajuste en ingresos o en gastos de al menos $46,6 billones, es decir, 2,6% del PIB.
Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, señaló que se requiere un ajuste de gasto, no solo para el saneamiento de las finanzas públicas, sino para el crecimiento económico.
“Vamos a volver a repetir el mismo error de esperar demasiado. En 2024 cuando se decretó el recorte fue demasiado tarde, por eso terminamos con un déficit fiscal más amplio del que se había planteado”, expresó.
“Gasto de funcionamiento debería ser el principal ajuste en el contexto actual. Existe espacio fiscal para un plan de austeridad, de ahorro de al menos $20 billones”.
“Deben recortarse gastos de funcionamiento, contratación e inversiones innecesarias, que supuestamente tienen propósito social, pero sin impacto real o inviables”.
Pero también añadió que pese a la inflexibilidad en recortes presupuestales, pueden hacerse recortes homogéneos de 10% en todos los rubros para cumplir las metas fiscales. A lo que sumó que el Gobierno proyecta ingresos fiscales muy elevados a los reales, con lo cual también se proyectan gastos más elevados, lo que termina convirtiéndose en errores en la presupuestación que dificultan más el panorama fiscal.
“Deben recortarse gastos de funcionamiento, y en general contratación y en inversiones innecesarias, que supuestamente tienen propósito social pero no tienen impacto real o no son viables”, determinó el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
El Carf agregó que existe un rezago en el recaudo neto, si se compara la cifra con las metas oficiales, y que la caída en los ingresos por impuesto de renta y el crecimiento moderado del recaudo sugiere que habrá un dinamismo insuficiente en esta materia. Para la entidad, el recaudo está creciendo 6,2% anual, muy por debajo del crecimiento que se requiere para cumplir con el Plan Financiero de 2025 (22,6%).
Bajo este panorama, señalo que se refuerza el argumento de adoptar medidas que mitiguen el riesgo del incumplimiento de la regla fiscal.
"El gasto de funcionamiento debería ser la principal prioridad de ajuste en el contexto actual. Consideramos que existe espacio fiscal para implementar un plan de austeridad capaz de generar ahorros de por lo menos $20 billones, lo cual sería más conveniente, especialmente en un entorno de baja inversión. Este esfuerzo de consolidación fiscal debe centrarse en la reducción del gasto, y no en un aumento de la carga tributaria", dijo el jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
A lo que agregó que, "se podría limitar el crecimiento del gasto de funcionamiento a la tasa de inflación proyectada al cierre del año".
"Desde Fedesarrollo, estimamos que el recorte requerido para cumplir la regla fiscal en 2025 es de $40 billones. Este recorte es de tal magnitud que no se puede enfocar solo en algunos sectores o partidas, debe hacerse de forma global y proporcional, para evitar que haya afectaciones grandes en algún sector en particular", manifestó el director del centro de estudios, Luis Fernando Mejía.
A lo que adicionó que en el futuro no queda otra alternativa diferente a reducir el tamaño del gasto permanentemente, afirmando que tras la pandemia, el Estado incrementó el gasto a un tamaño que es insostenible dada la capacidad de generación de ingresos, incluso con las últimas dos reformas tributarias.
El Comité adicionó que los ingresos tributarios fueron $70,8 billones inferiores a los que se programó en el Presupuesto General de 2024, y $13,6 billones por debajo de los que se estipuló en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, del mismo año. Mientras que el gasto primario ascendió a $18 billones, es decir, 0,8 puntos porcentuales del PIB, superior a lo que se estipuló en el Marco Fiscal.
Es por eso que el organismo señaló que la situación de las finanzas públicas de 2024 puso de presente las fragilidades estructurales de la estabilidad macroeconómica.
Y también mencionó que percibe riesgos en la estrategia de financiamiento del Gobierno, ya que, tiene una posición final de caja de $9,2 billones, inferior al promedio histórico ($13,6 billones) y esto se da en un contexto de promedio mensual de gasto en $34,9 billones en 2025.
A la vez, en un contexto de aumento en la oferta de TES bajo un panorama de incertidumbre que genera presiones sobre las condiciones de financiamiento, retrasos en el desembolso de créditos de organismos multilaterales y el “recrudecimiento de condiciones externas”, lo cual implica retos en materia de ejecución del plan de desembolsos de deuda en moneda extranjera. A todo lo anterior se suma que el recaudo tributario no alcance sus metas.
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