Colombia deberá pensar en otra estrategia para calzado de Panamá

De acuerdo con la jefe de la cartera de Comercio, el arancel mixto se estableció para prevenir la subfacturación de importaciones y así desincentivar operaciones de comercio ilícito, sin afectar el comercio legal. Y agregó que implementará dicha decisión de la OMC sin afectar en su política de prevención del delito y lavado de activos. 

Para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), “Colombia debe acatar el fallo y buscar mecanismos alternativos que se ajuste a las normativas. Pero hay que tener en cuenta que la realidad de esos productos, vía Panamá, se han usado y se siguen usando para el lavado de activos”.

Por su parte, el ex ministro de Comercio, Carlos Ronderos, consideró que “era evidente desde un principio que la OMC se fuera a pronunciar a favor de Panamá debido a que la medida violaba los topes. Por eso no es conveniente que por el lobby de un sector el Gobierno implante aranceles que a la postre termina perjudicando las relaciones comerciales con nuestros socios”. 

En cuanto a las alternativas que podría usar el Gobierno, el exdirector de la Dian, Gustavo Cote, manifestó que “ahora los dos gobiernos deberán sentarse a negociar unas nuevas reglas de juego que le permita, entre otras cosas, explorar medidas como el precio mínimo y que, al igual como hizo con el intercambio de información tributaria, pueda también suscribir un acuerdo para combatir el contrabando”.

Según lo recordó la agencia Reuters, Panamá llevó el caso ante la Organización Mundial del Comercio, con sede en Suiza en 2013, luego de haber presentado previamente dos demandas en contra de su vecino. Colombia llegó a un acuerdo para cerrar la primera disputa fuera de cortes en 2006 y Panamá ganó en el segundo litigio en 2009.  

Colombia presentó la apelación en noviembre de 2015, cuando un panel de tres mediadores consideró que el argumento del lavado de dinero era un pretexto y respaldó la queja de Panamá respecto a que el arancel, consistente en una tasa fija de 10% o más un componente variable, superaba el máximo de entre 35% y 40% permitido para esos bienes. Por ahora, el Gobierno está estudiando el fallo.