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A pesar del peso que tiene este avance en materia de competitividad, el sistema judicial y la percepción de la corrupción le bajan la velocidad a Colombia en su ascenso en los listados internacionales.
En esta edición del Doing Business, la mayoría de los indicadores tuvieron un comportamiento positivo, aunque las condiciones para lograr el cumplimiento efectivo de los contratos salieron mal libradas.
En esta variable, mientras el promedio latinoamericano es que se necesitan 739 días para sacar adelante este propósito, en Colombia este número llega a 1.288, tomándose cerca de 900 días un juicio ordinario. Además, se estima que mientras en la región, el costo del proceso asciende a 30% del valor de la demanda, en el país esa cifra se eleva hasta 45,8%, y la mitad de esos costos se lo llevan los abogados en sus honorarios.
Por si fuera poco, el país está muy lejos del promedio latinoamericano en el Índice de calidad de los procesos judiciales, que es un indicador que mide elementos como la estructura de los tribunales y los procedimientos judiciales, la resolución alternativa de disputas, la automatización de los tribunales y la administración de causas. Este índice se mide entre cero y 18, y mientras el promedio regional es 8,4, en Colombia la calificación es 6,5.
Esta calificación confirma, desde el lado de vista de la resolución de pleitos comerciales, lo expuesto por el Reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial , en el que el país ocupó el puesto 111 entre 140 economías evaluadas, donde factores como la corrupción, la independencia judicial, los sobornos y la confianza en los políticos fueron algunas de las variables con peor desempeño en toda la evaluación.
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