Cobros extraños que realiza el Runt por información

Algunos gremios en Colombia, se encuentran altamente sorprendidos por el inadecuado tratamiento que la concesión Runt le da a la información estadística de los vehículos registrados.

Al parecer la base de datos que contiene información pública de ventas de vehículos y registros de los propietarios, está siendo utilizada para venderse.

El Registro Único de Tránsito (Runt), que comenzó a operar en 2010 y que se crea bajo la necesidad de tener una fuente oficial de registros de vehículos que ingresan al parque automotor, se ha convertido para muchos gremios en una pesadilla por el tratamiento inadecuado que la concesión le está dando a la información estadística de los vehículos registrados en Colombia. En muchos países, la información de los registros vehiculares se encuentra disponible y es de fácil acceso a través de los gremios del sector, en muchos casos, no tiene costo alguno, pero en Colombia una información que debería ser pública, es de carácter privada y con tarifas inaccesibles.

La información de los registros del Runt es de carácter público, y por constitución colombiana, por ley y por diferentes acuerdos internacionales, toda información pública es de libre acceso y el Estado debe facilitar el acceso a la información, pero para gremios como la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), recibir información automotriz se ha vuelto un problema de no terminarse. En Junio 24 de 2011, Andemos solicitó al Ministerio de Transporte dichos registros y la respuesta fue que la información solicitada era Habeas Data.

El contrato que el Ministerio de Transporte realizó establece una cláusula, autorizándole al Runt que, a parte de su ingreso económico, sea la venta de información de los registros. Un carrusel millonario que se argumenta con la cláusula séptima del Contrato 033 sobre Explotación Económica Adicional.

Recientemente la concesión Runt cotizó a Andemos la información de los vehículos registrados en 2012 por $15 millones, exigiendo además una cláusula de confidencialidad que no permite compartir dicha información con los afiliados ¿Para qué?

¿runt, la información privada?
Un concepto jurídico que ordenó Andemos, hecho por el abogado Marcel Tangarife, señala por Constitución y ley, que la información de los registros del Runt es de propiedad del Estado. El mismo contrato del Runt-MinTransporte, en la Cláusula Trigésimo Séptima, establece que la información es de la Nación y añade que será el Ministerio de Transporte quien ejercerá pleno control sobre la información del Runt. Sin embargo, el Ministerio de Transporte perdió todo control sobre su propia base de datos.

Según el concepto legal ordenado por Andemos, el Runt, de conformidad con las leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, únicamente puede cobrar una tarifa por el suministro de la información estadística del registro automotor que se le solicite a través del ejercicio del derecho fundamental de petición. Por lo tanto, le está prohibido constitucional, legal y contractualmente “vender” o “enajenar” a cualquier título, la información pública de registro que le corresponde manejar en virtud del contrato de concesión, que contradice la interpretación que el mismo Ministerio de Transporte le ha dado a la cláusula séptima.

La cláusula sexta del contrato le da al concesionario del Runt el derecho de cobrar las tarifas para la expedición de información y/o de certificados de información. Este procedimiento de tarifas la aplican diferentes entidades estatales como la Dian, el Dane, las Cámaras de Comercio, pero en el caso de las estadísticas de los registros de vehículos que ingresan al parque, ha quedado en manos de la concesión Runt sin ningún control del estado. Por ejemplo, solicitarle a la Dian los registros de importación de los vehículos cuesta $17.000 el mes o $204.000 el año, cifra que resulta muy inferior a la desproporcionada suma de $ $15 millones que cobra el Runt por los registros de todos los vehículos , donde además exigen la confidencialidad.

La cláusula novena del contrato Runt establece que el 91% de la tarifa que fija el Ministerio de Transporte la cede al Runten contraprestación por los servicios que preste, entre ellos la expedición de certificados y el suministro de información a los particulares que la soliciten. Sin embargo, actualmente el Ministerio ni está fijando la tarifa ni esta recibiendo el 9% que le corresponde, por lo que le está causando un deterioro patrimonial al estado, tema que es competencia de la Contraloría General de la Republica.

Sin lugar a dudas que la dificultad de acceder a la información de las estadísticas del sector por los altos costos y las condiciones de confidencialidad que establece el concesionario Runt, tiene un impacto importante en las gestiones de las empresas publicas y privadas, limita el acceso de la inversión extranjera en este sector y va en contravía de la ley estatutaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública del presidente Juan Manuel Santos.

Dos posibles caminos, uno que el contrato que en su época hizo el Ministerio de Transporte este mal redactado y pasa por encima de una ley o que a la cláusula 7, se le estén dando una interpretación diferente y errónea.

Nuevas licencias de conducción, desde el próximo año
Quedan dos meses para poder tener la licencia de conducción antigua. La sustitución de ésta, de acuerdo con los planes del Ministerio de Tansporte, se realizará desde el próximo año y hasta 2015 todo esto con el fin de cumplir lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos. Las licencias de conducción para vehículos particulares tendrán una vigencia automática de 10 años a partir de la fecha de dicho decreto, no obstante, para servicio de transporte público tendrá que tener una renovación de tres años.

Las opiniones

Carlos Alberto Baena
Senador del Partido Mira
“El Runt tiene problemas de corrupción, fallas técnicas, de diseño e implementación y también tiene que garantizar la prestación de un servicio más accesible”.

Leonardo Ronderos
Director de Fedelog
“Aunque hay que reconocer que en algunos casos el Runt es eficiente, también hay que promover auditorías ciudadanas que muestren el porqué de sus tarifas”.

Edgar Alfredo Gutiérrez
Docente del Politécnico Grancolombiano
“El problema con el Runt es que lo costoso que ha salido la implementación del sistema no ha sido asumido por el Gobierno, sino por el contrario por el usuario”.