"Recorte del Gobierno a vigencias futuras pone en riesgo proyectos por $1 billón"

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, en cabeza de Juan Martín Caicedo, alertó por la reducción unilateral de las vigencias futuras de los proyectos Mulaló–Loboguerrero y la restauración del Canal del Dique. Según el gremio, la decisión del Gobierno compromete cerca de $1 billón, contradice reglas fijadas por el propio Ejecutivo y pone en entredicho la confianza contractual en el sector de infraestructura.

La advertencia fue hecha en una carta enviada a los ministros de Hacienda y Transporte, al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y a la directora del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Allí, la CCI expresó su “preocupación por la reducción de los recursos asignados a dos proyectos estratégicos para el desarrollo del país”.

En concreto, el recorte afecta a la “construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, departamento del Valle del Cauca, por cerca de $340.000 millones”, y a la “Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, por alrededor de $636.000 millones”, lo que suma casi $1 billón.

Para el gremio, se trata de iniciativas clave para la competitividad, el crecimiento económico y la integración regional. “La disminución de las vigencias futuras pone en riesgo obras fundamentales, priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y esenciales para el Valle del Cauca y la región Caribe”, advirtió la CCI.

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Uno de los puntos más críticos señalados es la forma como se tomó la decisión. La Cámara recordó que un decreto expedido el 29 de diciembre estableció que las vigencias futuras solo podían modificarse si existía acuerdo entre las partes. No obstante, “dos días después, el propio Gobierno redujo de manera unilateral los recursos, pese a haber definido previamente que dichos ajustes requerían el consentimiento de los concesionarios”.

Según la CCI, esta actuación “transgrede los lineamientos que el mismo Ejecutivo estableció, afecta la confianza en los contratos de infraestructura y puede generar riesgos legales y financieros para la Nación”. Por ello, el gremio exhortó al Gobierno nacional a restablecer las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir los compromisos adquiridos en proyectos considerados estratégicos.

La Cámara señaló que, de no honrarse estos compromisos de pago, “los funcionarios responsables serían sujetos de eventuales sanciones disciplinarias y fiscales”.